El Consejo Interterritorial no lleva en su orden del día el asunto, y se cumplen 4 meses desde el compromiso del ministro de devolver la cobertura a los ‘sin papeles’. La celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud era una de las citas más esperadas para las asociaciones que luchan por la devolución de la atención sanitaria a los inmigrantes ‘sin papeles’, que dejó sin cobertura a unas 800.000 personas en 2012. Pero el asunto ni siquiera estaba en el orden del día. El gobierno planteó a las comunidades autónomas una devolución de la asistencia primaria a las personas que lleven más de un año empadronadas. Pero su intención es seguir negociando con los nuevos consejeros para cerrar un plan, que debería ser aprobado en un próximo Consejo Interterritorial. Se cumplen así cuatro meses desde que el ministro Alfonso Alonso se comprometiera a devolver a las personas en situación irregular la atención sanitaria, sin que en la práctica haya cambiado nada.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, Rubén Moreno, secretario general de Sanidad, ha asegurado que el gobierno hizo una propuesta a las autonomías el pasado 14 de julio, aunque aún no habían tomado posesión todos los consejeros del ramo. Según esa propuesta, Sanidad entregaría a los inmigrantes en situación irregular un documento de un año de validez, que les dará derecho a ser atendidos en una única comunidad autónoma. El ministerio no plantea la devolución de la tarjeta sanitaria. El colectivo deberá también pagar el 40% de los fármacos que les sean prescritos.
Mientras tanto, la desigualdad de trato por autonomías sigue vigente: Valencia y baleares han devuelto la atención integral a los inmigrantes ‘sin papeles’, y en Asturias, Andalucía, Navarra y País Vasco nunca se cumplió el Real Decreto por el que la ex ministra Ana Mato retiraba la atención sanitaria al colectivo. En el resto, la teoría marca que los servicios de Urgencias atenderán a las personas no documentadas, aunque desde 2012 numerosas organizaciones como Médicos del Mundo han denunciado caso de facturación por dicha atención.
Contradicciones en Madrid
En otras comunidades, como Madrid, las informaciones son contradictorias. Según publicaba ABC la pasada semana, Cristina Cifuentes planteaba la creación de 150.000 “credenciales” para que personas en situación irregular pudieran acceder solo a la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid. Pero según confirma a ElBoletin.com la ONG Sos Racismo, a la presidenta de la Comunidad le van a ‘sobrar’ hasta 100.000 permisos: “Cuando los borraron -del sistema sanitario en 2012- eran 56.000 personas mayores de 18 años en la base de datos. Ahora hay muchos menos. La mayoría han ido consiguiendo los papeles y más bien la tendencia es al contrario, a que los inmigrantes se vayan”, afirman desde la ONG en defensa de los derechos de los inmigrantes.
Critican que el anuncio no supone novedad: “No habría ningún cambio real, simplemente se daría un documento acreditativo a personas que ya están en la base de datos. Los TIR, (transeúntes sin permiso de residencia)”, ya son atendidos, afirma la misma fuente, aunque “con muchas dificultades” en algunos casos.
Para Sos Racismo, la clave podría estar más bien en el gasto farmacéutico: al excluir a los inmigrantes del sistema sanitario, también se reduce su gasto en fármacos y por tanto lo que las empresas farmacéuticas perciben: “Como muchos de esos medicamentos, lógicamente, no se venden sin prescripción médica, el hecho de que ahora los médicos de Atención Primaria puedan ‘prescribir’ medicamentos pero los mismos no estén sufragados por el Sistema Nacional de Salud (SNS), significaría que los enfermos sin papeles tendrían que aportar el 100% del precio. Esto aumentará los ingresos de las farmaceúticas sin coste alguno para el SNS ni, en este caso, el SERMAS”, afirman desde Sos Racismo.
Queda por ver cómo define el gobierno su plan para que todas las autonomías acuerden un protocolo común para atender a los inmigrantes irregulares y cómo queda financiado, finalmente, su gasto farmacéutico.
