Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente piden que una representación de Naciones Unidas visite España en “misión oficial”. Las asociaciones judiciales Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, así como la organización Rights International Spain, han denunciado ante la ONU los “ataques a la independencia judicial en España”.
Según informan en un comunicado, se han dirigido a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas para denunciar que “diversas iniciativas del Gobierno están erosionando el principio de separación de poderes”. Esto, según afirman, “tiene como consecuencia un debilitamiento tanto del Poder Judicial como del Estado de Derecho”.
Como ejemplo, estas asociaciones hacen referencia “al reciente y controvertido” nombramiento de Luis Díez Picazo como nuevo presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. “Según los estándares internacionales en la materia, para salvaguardar la imparcialidad e independencia judicial es necesario, por un lado, que el procedimiento de nombramiento sea claro, transparente y libre de presiones e influencias; y, por otro, que los criterios de nombramiento sean objetivos y basados en la integridad y capacidad profesional”.
Por ello, explican que la no renovación de José Manuel Sieira Míguez marca un hito, al tratarse de la primera vez en la historia del Alto Tribunal que un Presidente de Sala no es renovado para un segundo mandato, y todo ello, pese a llevar 22 años siendo magistrado del Supremo, de los cuales los últimos 5 ejerciendo como presidente de esta sala”.
Asimismo, critican la falta de justificación por parte del Consejo General del Poder Judicial y que este nombramiento se haya producido “en un contexto de indicios de injerencias del Gobierno con el fin de evitar decisiones judiciales como la anulación del indulto concedido al conductor kamikaze”. Este nombramiento constituye “una manifestación más de la situación difícil que atraviesa la independencia judicial en España y, en concreto, de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, cuya consecuencia está siendo una merma en la independencia judicial”.
En el escrito las mencionadas asociaciones también ponen de nuevo en entredicho la última reforma aprobada de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), “al introducir, entre otras, modificaciones que merman el carácter colegiado (y por tanto, la independencia) del Consejo General del Poder Judicial”.
Para terminar, también ponen el foco en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija “un plazo límite para la instrucción penal con el objetivo alegado de agilizar la justicia”. Una medida que “afectaría especialmente a las causas por corrupción política, al impedir a los jueces realizar todas las investigaciones necesarias para la averiguación de los hechos delictivos”, sin que se pretenda además dotar presupuestariamente esta reforma “para que las investigaciones penales puedan llevarse a cabo en los plazos establecidos”.
