En IU apuntan que “las distintas maniobras para acortar el tiempo de instrucción, apartando al juez Ruz de la misma, han hecho que ésta resulte incompleta. Las organizaciones que en febrero del 2013 presentaron la querella criminal que desembocó en la apertura del denominado ‘caso Bárcenas-PP’ en la Audiencia Nacional –Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Federación de Los Verdes y Justicia y Sociedad- consideran “apresurado” el cierre de la instrucción decidido por el magistrado Pablo Ruz.
De igual forma, aunque desde IU reconocen varios elementos positivos en el último auto del juez sobre esta causa, ya han adelantado su intención de recurrirlo “para conseguir que todos los responsables, tanto del Partido Popular como de las empresas constructoras que realizaron los pagos presuntamente ilegales a cambio de contratos públicos, sufran un duro reproche penal”.
Estos querellantes que ejercen la acusación popular, a raíz del auto con el que el magistrado pretende cerrar la fase de instrucción “y que aún no se nos ha notificado oficialmente”, consideran “acreditados indiciariamente diversos delitos que deberían desencadenar consecuencias políticas drásticas”.
“La existencia de una ‘caja B’ en el Partido Popular -señalan-, la comisión de un delito electoral o de financiación ilegal, así como la falsedad contable tendrían que provocar dimisiones en masa. No estamos de acuerdo la decisión del instructor de considerar prescritos algunos de estos delitos”.
De igual forma, en IU apuntan que “las distintas maniobras para acortar el tiempo de instrucción, apartando al juez Ruz de la misma, han hecho que ésta resulte incompleta. El cierre prematuro y forzado de la instrucción provoca que no se hayan recopilado pruebas suficientes como para abrir juicio oral contra muchos de los protagonistas que aparecen en los denominados ‘papeles de Bárcenas’”.
