Denuncian que los recortes sanitarios están perjudicando en extremo a los funcionarios que padecen enfermedades graves como el cáncer. Las quejas de los trabajadores públicos por el recorte de prestaciones sanitarias de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) tras el ‘tijeretazo’ que ha dado a su presupuesto el Ministerio de Hacienda se multiplican. El descontento entre los funcionarios es tal que tras las denuncias de las últimas semanas ahora han dado un paso más. Los profesores madrileños han presentado 4.000 firmas para exigir que se restablezcan las prestaciones perdidas.
Concretamente, ha sido el sindicato docente ANPE el que ha llevado a cabo esta acción. El presidente de la organización a nivel nacional, Nicolás Fernández Guisado, y su homónimo en ANPE-Madrid, Francisco Melcón, presentaron ayer ante el director general del Muface una carta exigiendo la recuperación de las prestaciones perdidas por los recortes, a la que adjuntaron las 4.000 firmas antes mencionadas.
Tal y como denuncia el sindicato, los hospitales madrileños han dejado de prestar muchos servicios a los funcionarios del Muface debido al recorte presupuestario acometido por el departamento que dirige Cristóbal Montoro. “La congelación presupuestaria de los años precedentes y el escaso incremento de un 1% para 2015 hacen que, tras la renovación del concierto con entidades de seguro (Resolución de 18 de diciembre de 2014, BOE 20/12/14), los hospitales más punteros de Madrid recorten sus servicios a las compañías aseguradoras concertadas por Muface”.
Así lo afirma ANPE, que critica esta medida porque supone un “retroceso sin precedentes” y una “devaluación en la prestación sanitaria de los funcionarios” tanto de Madrid como del resto de España, dada la relevancia de los servicios que se están recortando. Los funcionarios que padecen enfermedades graves son los que más están notando estos recortes, ya que se les ha dejado de dar servicio en especialidades como Oncología, Radioterapia, Cardiología o Neurología.
“Entendemos que el Estado tiene como uno de sus principales deberes y obligaciones el garantizar que sus funcionarios gocen de los mejores servicios sanitarios”, remarca ANPE en una nota, en la que señala que las 4.000 firmas recabadas deberían ser suficientes para que el Ministerio de Hacienda “busque las fórmulas y ponga los medios para que de forma inmediata se llegue a acuerdos con las entidades aseguradoras”, sobre todo “ahora que con tanto énfasis se anuncia” desde el Gobierno la recuperación económica.
El objetivo, dice ANPE, es que los hospitales que han recortado las especialidades que trataban “vuelvan a prestar los servicios sanitarios que han dejado de ofrecer” a los funcionarios.
