La filtración de datos desde el Hospital de Fuenlabrada a dos clínicas privadas ya tiene consecuencias. Aunque nada se habla del posible delito de los implicados, tres han sido destituidos. La polémica por la fuga de datos de pacientes del Hospital de Fuenlabrada a clínicas privadas ya se ha cobrado sus primeras cabezas. El gerente del centro ha presentado su dimisión y la Comunidad de Madrid no ha tenido otra que aceptarla al reconocer “irregularidades administrativas” que podrían desembocar en otros dos relevos más.
A pesar de que Ignacio González se esforzó en quitar hierro a la polémica calificándola simplemente de “posible mala práctica administrativa”, su consejero de Sanidad se ha rendido a la evidencia este martes. Javier Rodríguez ha reconocido que la inspección abierta en el Hospital de Fuenlabrada ha corroborado “irregularidades administrativas” que por el momento se han cobrado la cabeza del gerente y dejan en el aire los puestos del director médico y del jefe de admisión del centro. Además, el popular ha avanzado que se abrirá expediente contra todas las personas que pudieran estar aplicadas.
De momento, ya se está preparando el relevo para el gerente. Según ha asegurado Rodríguez en la presentación de una aplicación que permitirá obtener cita médica desde el móvil, mañana mismo “se hará un consejo de administración y se nombrará a un nuevo gerente”. El responsable de la Sanidad madrileña ha reconocido igualmente que el director médico “entendía algo” de lo que “estaba pasando” en el centro del Sur de Madrid y que el jefe de admisión será suspendido, sin aportar más detalles sobre este último.
A pesar de estos movimientos, ni una sola palabra aún sobre la posibilidad de que los hechos de filtrado de documentación médica de pacientes a clínicas privadas pudieran ser constituyentes de delito. En concreto, los dos centros implicados en esta trama de derivaciones ilícitas serían la clínica Los Madroños de Brunete y la Maestranza de la capital madrileña.
Ignacio González afirmó a finales de agosto que la filtración de datos no era más que “una mala práctica administrativa” del centro público. No obstante, luego se corrigió afirmando que ya había dado instrucciones a su consejero para “cortar de manera radical” este tipo de actuaciones.
