Entre 160.000 y 190.000 millones de euros se perderían cada año en recaudación en el conjunto de la Unión sólo por este concepto. El Parlamento Europeo aprobó el pasado 25 de noviembre un texto “sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares” que llama la atención porque apunta algunos datos que no podrían ser más demoledores en lo que se refiere a la situación que describe de complacencia de los Estados Miembro y de las instituciones europeas con la elusión fiscal de grandes empresas y fortunas. Esta resolución ha sido el resultado de un trabajo que la comisión especial competente ha venido durante más de medio año, ya que fue creada el 26 de febrero de 2015.
Así, a lo largo del texto se apuntan datos tan reveladores como el porcentaje del PIB que se obtiene a través de la recaudación empresarial se limita a tan sólo un 2,6% del PIB en 2012; que entre 1995 y 2014 se han reducido en 12 puntos porcentuales —del 35 % al 23 %— los tipos oficiales del impuesto sobre sociedades en la UE; o que las pérdidas de ingresos en toda la Unión podrían ascender aproximadamente a entre 160.000 y 190.000 millones de euros si se tuviesen en cuenta las disposiciones fiscales especiales, las deficiencias en la recaudación y otras actividades similares.
Además el reparto de las ventajas que este sistema supone para algunas empresas está lejos de resultar equitativo para los diferentes tipos de sociedades. Mientras que algunas multinacionales puede obtener “tipos impositivos efectivos próximos a cero para los beneficios generados en jurisdicciones europeas”, la resolución del Parlamento destaca que los competidores cuya actividad se limita a un solo país, no disponen de esta posibilidad.
Es decir, además de que estas multinacionales no estarían pagando la parte de los beneficios que les correspondería, estarían contribuyendo a vulnerar el derecho de la competencia. Todo ello también en contra de “los elevados costes asociados a los gastos fiscales para apoyar a las PYMES”. Unas políticas de apoyo, estas últimas, que, así, se verían lastradas y en término último vulnerarían el proceso democrático al socavar las intenciones de los responsables políticos nacionales.
Pero casi más inquietante que estos datos, resulta la complacencia, cuando no complicidad, que se describe ante esta situación por parte de la Comisión Europea y de los Estados Miembros. Por ejemplo, la resolución lanza una crítica poco velada a las llamadas “políticas de austeridad” que se impulsaron en los últimos años desde Bruselas al “lamentar” que la coordinación de los sistemas fiscales nacionales esté muy rezagada con respecto a los esfuerzos de coordinación llevados a cabo en otros ámbitos a escala de la UE, en especial en el marco del Semestre Europeo. Es decir, se critica la asimetría entre los esfuerzos destinados a restringir el gasto y la práctica carencia de medidas para evitar la elusión fiscal ya que, como recuerda la resolución, “una parte importante de la combinación de políticas para garantizar el saneamiento presupuestario afecta a los ingresos”.
En este sentido, la resolución señala, por ejemplo, que este aspecto debería haberse mencionado en el informe de los cinco presidentes sobre la realización de la unión económica y monetaria en Europa, de junio de 2015. Una ausencia que una vez más demuestra una falta de voluntad política.
También recibe su ración de críticas la llamada Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) al indicar que los programas de ajuste financiero y presupuestario en Estados miembros como Portugal y Grecia ni tan siquiera intentaron “impedir amnistías fiscales, resoluciones fiscales, beneficios fiscales y regímenes de exención fiscal que eran y son injustamente discriminatorios, al favorecer a las empresas y personas que eluden el pago de impuestos”. De esta forma, como también se señala, se causó “una gran sangría en los ingresos públicos y se incrementó la carga sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los ciudadanos, que ya sufren una carga impositiva excesiva”.
Por lo que respecta a los representantes de los Estados Miembro, se apunta a que, “con algunas excepciones loables, los representantes políticos nacionales no han dado muestras, hasta la fecha, de voluntad de querer abordar el problema de la elusión fiscal, incluidas las resoluciones fiscales”.
Todo ello pese a que durante las 14 reuniones de la comisión competente los representantes del “stablishment” europeo tuvieron la posibilidad de ofrecer su versión ya que entre quienes pasaron por la misma se incluyen: el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker; la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager; el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici; el presidente en ejercicio del Consejo, Pierre Gramegna, y los ministros de Finanzas de Francia, Michel Sapin; Alemania, Wolfgang Schäuble; Italia, Pier Carlo Padoan; y España, Luis de Guindos.
Antes al contrario, el informe destaca que algunos Estados miembros han incurrido en prácticas como “no cumplir su obligación legal de comunicar a la Comisión todos los expedientes relativos a posibles ayudas estatales”.
Y tampoco la Comisión europea se va “de rositas” ya que, según se revela, solamente habría tramitado un número reducido de casos en el ámbito de las ayudas estatales relacionadas con la fiscalidad en la segunda mitad del periodo transcurrido desde 2000. De esta forma, el ejecutivo comunitario “no habría cumplido su función de guardiana de los Tratados, establecida en el artículo 17, apartado 1, del TUE, al no actuar al respecto ni tomar todas las medidas necesarias para velar por que los Estados miembros cumplan con sus obligaciones”. También se india que la “Comisión ha incumplido sus obligaciones derivadas de lo dispuesto en el artículo 108 del TFUE sobre el funcionamiento del mercado interior al no haber iniciado investigaciones sobre las ayudas estatales en el pasado”.
Pero como colofón, casi lo más inquietante de toda la resolución resulta la confesión de impotencia que se realiza a lo largo de la misma. Aunque se proponen una serie de medidas en su parte final, también se deja claro que “el legislador y las administraciones tributarias, a menudo insuficientemente dotadas, no pueden anticipar sino solo reaccionar, algunas veces con gran retraso, a los regímenes innovadores de elusión fiscal concebidos y fomentados por algunos asesores fiscales”.
Las razones serían que el personal de los Estados miembros encargado de las investigaciones y que lleva a cabo las acciones judiciales contra los autores de delitos fiscales y otros delitos financieros no estaría suficientemente formado ni equipado; un mandato demasiado limitado; que se ha introducido en la Unión una multitud de nuevas medidas o acuerdos de elusión fiscal, a menudo agresivos, como el régimen de incentivos sobre las rentas procedentes de la cesión de activos intangibles; o que las multinacionales, cuentan con “asesores fiscales, bancos y otros proveedores de servicios financieros para desarrollar sus regímenes de elusión fiscal” que además “están representados al mismo tiempo en organismos que asesoran a gobiernos y a instituciones públicas en cuestiones fiscales, como, por ejemplo, la Plataforma sobre la Buena Gobernanza Fiscal de la UE”.
Por último también se apunta al requisito de la unanimidad que existe para el Consejo Europeo en asuntos de fiscalidad directa y a los incentivos que tienen algunos estados en no pasar del statu quo a una solución más cooperativa. En definitiva, un panorama francamente desalentador.
