La dirección de Ibercaja vuelve a reunirse hoy con los sindicatos para acordar el ERE que reducirá la plantilla en 174 trabajadores a través de prejubilaciones voluntarias. Los sindicatos de Ibercaja vuelven a reunirse hoy con la dirección de la entidad para mejorar las condiciones del expediente de regulación de empleo (ERE) que deberá estar aprobado antes de que finalice el mes de mayo. En principio, a través de este ajuste se reducirá la plantilla en 174 trabajadores a través de bajas voluntarias de aquellos que cumplan 60 o 61 años a lo largo de 2014.
Aunque todavía no se conoce cómo afectará esta reducción de personal a la red de oficinas, desde los sindicatos estiman que podría suponer el cierre de 30 sucursales. El objetivo de este ajuste, que también se reeditará en el 2015, pretende aumentar la eficiencia de la entidad y prepararla de cara a una posible salida a Bolsa a lo largo de los próximos años.
El año pasado Ibercaja firmó con los sindicatos CCOO, UGT y CSICA un acuerdo sobre el plan de prejubilaciones voluntarias al que podían acogerse un máximo de 275 trabajadores de la entidad. En aquella ocasión se garantizó a los afectados el 80% del salario bruto hasta la jubilación, unas condiciones que se espera que sean muy similares a las del ajuste de este año. CGT y la Agrupación de Cuadros votaron en contra del acuerdo.
En las dos reuniones que se han celebrado hasta ahora para el nuevo ERE, los sindicatos han solicitado a Ibercaja que las recolocaciones de trabajadores sean consensuadas y han pedido mejoras en las condiciones económicas de quienes se prejubilan para salvar las penalizaciones de la nueva regulación que entró en vigor en abril del año pasado.
Si bien a finales de 2013 se suavizó esta legislación en lo que se refería a la penalización de las empresas que acometieran prejubilaciones masivas, en principio siguen vigentes en lo que afecta a los trabajadores. Tal y como constaba en la norma que entró en vigor el 1 de abril de 2013, el Gobierno exige una carrera mínima de 35 años de cotización para acceder a la jubilación anticipada voluntaria y 33 años cotizados en el caso de la jubilación anticipada forzosa y también en la jubilación parcial. También elevó la edad para acceder a estas modalidades, en consonancia con la última reforma de pensiones.
Asimismo, se dificultó para el colectivo mayor de 55 años percibir el subsidio por desempleo una vez agotada la prestación. Hasta ese momento, para poder percibir esta ayuda sus ingresos no podían superar el 75% del salario mínimo interprofesional, 641 euros. Sin embargo, a partir de su entrada en vigor se tienen en cuenta las rentas de las personas que convivan con el potencial beneficiario.
La suma total de las rentas de toda la unidad familiar se divide entre los miembros de la misma y si el resultado es mayor a ese 75%, el desempleado mayor de 55 años que solicite el subsidio especial no cobrará la prestación. De esta manera, se complica ampliamente la posibilidad de recibir la ayuda, pues si el potencial beneficiario convive con su pareja y ésta cobra poco más de 900 euros, no tiene derecho al subsidio; así como si se convive con los hijos y estos reciben un salario cercano a los 1.000 euros.
