El colectivo de Técnicos de Hacienda asegura que en el caso de que lo no declarado supere los 120.000 euros, podría incurrirse en delito. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han instado a la dirección en funciones de la Agencia Tributaria (AEAT) a que inicie “con carácter inmediato las inspecciones pertinentes a aquellos españoles que figuran como titulares o vinculados” a las sociedades ‘offshore’ que aparecen en los denominados ‘papeles de Panamá’, la investigación de realizada el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Según explica el colectivo en un comunicado, estos contribuyentes podrían haber incurrido en delito fiscal, ya que desde 2013 la ley española considera imprescriptibles los bienes en el extranjero no declarados, de forma que su valor tributa como ganancia patrimonial no justificada al tipo marginal del Impuesto sobre la Renta del último año no prescrito, que en este caso sería 2011. Como consecuencia, la propiedad de acciones en estas sociedades panameñas con un valor por encima de un determinado valor que varía dependiendo de la comunidad autónoma de residencia (de 244.898 euros en el caso de Cataluña a los 272.727,3 euros en la Comunidad Foral de Navarra) determinaría la comisión de un posible delito fiscal si la cuota defraudada excede los 120.000 euros.
En aquellos casos en que la cuota descubierta no supere los 120.000 euros, la AEAT impondría una multa del 150% del importe por la comisión de una infracción tributaria catalogada como muy grave. De esta sanción se librarían los contribuyentes que hayan declarado correctamente el modelo 720, referente a la declaración de bienes situados en el extranjero, así como los autónomos y personas jurídicas residentes que tengan contabilizadas e identificadas estas sociedades de Panamá.
En la nota, Gestha pide además a la Agencia Tributaria que aumente las competencias de los 8.500 Técnicos del Ministerio de Hacienda para la asunción de mayores responsabilidades, con el objetivo de mejorar la eficacia y reducir el fraude. En este sentido, denuncian que actualmente el 80% de los recursos se dedica a investigar a autónomos, microempresas, pymes y trabajadores, lo que deja muy poco margen de actuación en la lucha contra el gran fraude, el ejercido por multinacionales y grandes patrimonios.
