Esta mañana, el socio de la SGAE Fernando Bermúdez ha presentado una querella criminal contra el todavía secretario general de la sociedad de gestión Pablo Hernández, su esposa y la sociedad de la que esta es administradora única. Mientras la Junta Directiva de la SGAE, en reunión extraordinaria, celebra un debate sobre el futuro de su todavía secretario general Pablo Hernández, el socio número 96.138, Fernando Bermúdez, ha presentado ante el juzgado de instrucción de Madrid, una denuncia criminal, a la que ha tenido acceso este diario, contra este abogado, su esposa, Carmen Cabezas y la sociedad Inmoconsulting Collado de la que ella es administradora única.
Bermúdez se basa en varias informaciones periodísticas aparecidas recientemente en las que se dan detalles sobre supuestas actuaciones ilegales de Hernández que se remontarían a 1997, momento en que entró a trabajar en la entidad, donde llegó a ocupar el cargo de director del Servicio Jurídico y a manejar un presupuesto de unos cinco millones de euros que, según la denuncia, habría manejado a su antojo.
Este socio pide que se investiguen estas acciones porque, en su opinión, podrían se constitutivas de delitos de estafa, apropiación indebida, delito societario y falsedad. Además, considera que esas actuaciones, no han sido contestadas por los órganos de dirección de la SGAE, a los que considera en su escrito “rehenes en manos de Hernández”.
Entres los posibles delitos estarían, según Bermúdez, el haber encargado informes a consultoras, que no tenían valor alguno y eran auténticos ‘corta y pegas’ y haber pagado millones de euros por ellos o haber pagado facturas a Inmoconsulting Collado por servicios inexistentes a la SGAE.
También estaría el hecho de que Hernández, habría asesorado ilegalmente a Kiss FM en un litigio contra Onda Cero que permitió a la cadena de Blas Herrero embolsarse 205 millones de euros.
Hernández cobró 200.000 euros por su trabajo, aunque lo hizo a través de Inmoconsulting Collado. Este abogado era en aquel tiempo el jefe de los Servicios Jurídicos de la SGAE y no podía intervenir en un pleito en el que participaban dos clientes de la sociedad de gestión.
Mientras tanto, la Junta se desarrolla con grandes tensiones, según algunas fuentes, con un grupo de miembros, representantes de los editores que querrían que Hernández recibiera alguna compensación si es despedido. Una cuestión a la que se opondrían tajantemente los miembros del colegio del ‘pequeño derecho’, los compositores de canciones que quieren que sea despedido sin indemnización alguna.
Según algunos comentarios que se extendía hoy por el Palacio de Longoria, sede de la SGAE, algunos grupos de socios, estarían dispuestos a adherirse a la querella de Bermúdez y a incluir en ella denuncias contra la actual directiva, por permitir las presuntas actuaciones delictivas de Hernández, si el secretario general recibe alguna compensación tras ser cesado.
Bermúdez junto a su socio Manuel Carrasco posee la empresa Eurodelta que se vio envuelta en la polémica hace más o menos un año, al ser relacionada por el entonces presidente de la SGAE, Antón Reixa, con unas supuestas prácticas dudosas para cobrar derechos de autor registrando con variaciones mínimas obras de dominio público que, después, eran emitidas en programas nocturnos de TVE.
La lucha entre Reixa y los llamados ‘autores’ televisivos terminaría por costarle el puesto a éste. Su sustituto, José Luis Acosta, también puede perder el cargo sin llegar a cumplir un año, según creen algunos autores, precisamente por su falta de contundencia para responder a las presuntas irregularidades cometidas por el secretario general Pablo Hernández que, además, gozaba de su confianza.
