Así lo ha avanzado en una declaración institucional, en la que ha defendido que declarar la emergencia nacional “no era una opción”, sino “un deber ineludible”. Pese a esto, ha denunciado, “conscientemente no lo hicieron, perjudicando gravemente la capacidad de respuesta inmediata a la emergencia”.
Además de contra Sánchez, la querella irá dirigida, según confirma el partido en una nota, contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la ministra de Defensa, Margarita Robles; y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Asimismo, contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé García; la directora general de Protección Civil y de Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones Sanz; la subsecretaria de Interior, Susana Crisóstomo Sanz; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo; y la presidente de AEMET, María José Rallo del Olmo.
Los delitos que Vox les imputan a todos ellos “son homicidio imprudente (imprudencia grave con resultado de muerte); lesiones imprudentes (imprudencia grave con resultado de lesiones): y omisión del deber de socorro, en sus modalidades agravadas dada la notoriedad y gravedad de los hechos, así como el número de personas afectadas”.
Según Abascal, el presidente del Gobierno “se lavó las manos en una evasión competencial absolutamente criminal, negando la ayuda militar, rechazando la ayuda internacional y criminalizando la ayuda de los voluntarios y pronunciando aquella frase que le perseguirá para siempre de ‘si quieren ayuda, que la pidan’”.
Asimismo, ha criticado que aún “hay pueblos y zonas donde no han visto un policía, un militar o un bombero”.
