Villarejo insiste en que sus empresas eran tapaderas avaladas por Interior para trabajar como agente de inteligencia

José Manuel Villarejo

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El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha reiterado este lunes, durante el juicio en la Audiencia Nacional por ‘Tándem’, que su grupo empresarial, CENYT, era una tapadera para su trabajo como agente de Inteligencia que contaba con el ‘placet’ de los sucesivos gobiernos desde la época de Felipe González, si bien ha asegurado que no se enriqueció «personalmente» con estas sociedades, reprochando incluso al Estado que no recibió «ni un euro» para sostenerlas.

Así lo ha expuesto durante su declaración como acusado en el juicio por tres piezas separadas de la macrocausa ‘Tándem’, centradas en las labores de espionaje que habría realizado con CENYT para despachos de abogados, empresarios y particulares y por las que Anticorrupción pide que sea condenado a 109 años de cárcel.

Según el relato ofrecido por Villarejo, en 1993 el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, a través de su ministro de Interior, José Luis Corcuera, le pidió que se reincorporara como «agente de Inteligencia» y dos años después, «cuando surgieron los primeros incidentes», el comisario hizo un escrito donde explicó «detalladamente» cuál era «el pacto» por el que accedía a volver como espía.

Ese acuerdo habría consistido en que el Estado le permitía tener CENYT como un conjunto de mercantiles para dar «cobertura» a sus labores de espionaje para el Estado. Por ejemplo, «había una empresa de caballos para poder entrar en el mundo árabe».

«He hecho un poco de hombre orquesta, esa es la razón por la que los distintos gobiernos siguieron contando con mis servicios, porque era polivalente y me he adaptado en función de las necesidades», ha destacado.

Dentro del «pacto» con el Ministerio de Interior se establecía igualmente que podía utilizar su «‘know how'» (saber hacer) en materia de Inteligencia para que «el sector privado se beneficiara» de su capacidad de análisis.

El fiscal Miguel Serrano ha puesto el foco en las facturas cobradas por CENYT por los encargos recibidos con ‘Land’ y ‘Iron’ –dos de las tres piezas juzgadas– porque, como expuso en las primeras sesiones, el Ministerio Público no cuestiona que Villarejo fuera un espía que usara sus empresas como tapadera de sus servicios oficiales, pero lo «intolerable» es que se lucrara con ello.

Villarejo ha explicado que, durante los años a los que se refieren esos encargos (de 2012 a 2014), cobraba una nómina como policía en activo porque era necesario para «justificar» su actuación en «las estructuras del Estado».

«Jamás recibí, pese a todos los trabajos, los viajes y las informaciones que aporté, ni un solo euro de los fondos reservados. Es más, en algunas ocasiones lo anticipé y nunca me lo pagaron», ha recriminado.

En esta coyuntura, «tenía que buscar soluciones», se ha escudado. Y esas soluciones pasaban por buscar «oportunidades de negocio» para CENYT que dejaran «un mínimo beneficio para cubrir gastos».

Villarejo ha reconocido en este sentido que los trabajos realizados en ‘Iron’ se cobraron en cuentas bancarias de CENYT en las que –ha matizado– él no estaba como autorizado, sino su mujer, su hijo y su socio, porque temía no volver de algunos de sus viajes de alto riesgo.

El fiscal Serrano ha observado que estos movimientos bancarios le permitieron lucrarse con CENYT, si bien el comisario ha espetado rápidamente: «A mí no, a las empresas utilizadas como cobertura oficial. Yo, personalmente como José Manuel Villarejo Pérez, no».

Con todo, ha enfatizado que el dinero que ingresaba CENYT revertía en la propia empresa, por lo que él solo percibió su sueldo de funcionario de policía, apostillando que hasta su arruinó dos veces sin que «papá Estado» le ayudara.

APUNTA A FERNÁNDEZ DÍAZ

A pesar de que, conforme ha contado, su desempeño era conocido y consentido por las autoridades, en los años 2015 y 2016 se hizo un informe que daba el visto bueno a que compaginara CENYT con su estatus policial.

«Yo no pedí nada (…) Yo estaba convencido de que estaba trabajando para mi país, para los distintos gobiernos, y, por tanto, pedir explicaciones al presidente de Gobierno de turno de cómo estaba o no estaba legalizada mi situación me parecía una auténtica incongruencia», ha aclarado.

Y ha añadido que cree que fue el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, quien encargó ese expediente de compatibilidad, «probablemente a sugerencia del presidente del Gobierno, que ya empezaría a preocuparse», por la aparición de las primeras noticias sobre el comisario.

De todas formas, Villarejo ha defendido que «todas las labores de Inteligencia suelen ser secretas», por lo que «hay muy pocas cosas que se escriben». «Tampoco creo que hay autorización por escrito para financiar a terroristas y que liberen secuestrados, y se ha hecho», ha manifestado.

UN «MÉTODO DE MARKETING»

En cuanto a los trabajos concretos que hizo para un despacho de abogados en ‘Iron’ y para la empresaria Susana García-Cereceda en ‘Land’, Villarejo ha sostenido que se buscó información, pero negando que se obtuvieran tráficos de llamadas o datos no disponibles en «fuentes abiertas» o en el «mundo de los detectives».

A este respecto, ha aseverado que no habló con sus clientes de su condición policial y que si en algún momento pudo hacer alarde de su red de contactos fue a modo de «chascarrillo», como «humo de paja, cosas que luego ni se cumplían ni se hacían que que eran una forma de prestar una imagen de eficacia», un mero «método de marketing».

Las pruebas que puedan existir sugiriendo que hizo uso de recursos policiales para sus negocios privados en CENYT las ha achacado a una «manipulación» del CNI y de Asuntos Internos en el contexto de la ‘guerra de comisarios’ para defenesrarle.

Serrano le ha interrogado específicamente sobre las grabaciones de las conversaciones que mantenía con otras personas, incluidos algunos de estos clientes, a lo que Villarejo ha reaccionado indicando que su «pacto» con el CNI era que podía «monitorizar» su vida a cambio de darle una copia, alertando de que están manipuladas. «Era, probablemente, la misma técnica que hicieron con Bárbara Rey», ha deslizado.

UN SUPUESTO ENCARGO DE GONZÁLEZ

Además, ha recalcado que, aunque también se los facilitaba el comisario Enrique García Castaño, previa comprobación de que eran para trabajos oficiales, la mayoría de los datos se los daba el CNI, mencionando expresamente ‘Land’ porque dice que la Inteligencia española quería «quedar bien» con Felipe González, a quien sitúa detrás de este encargo.

De acuerdo con su versión, Jesús Valderas, un «amigo y socio fiduciario de Felipe González en República Dominicana y otros países», le puso en contacto con Susana García-Cereceda para que la ayudara. Para Villarejo, «el encargo lo hace el señor González» por la amistad que le unía con el fallecido padre de la empresaria.

Respecto al encargo de ‘Pintor’, ha acusado a los hermanos Juan y Fernando Muñoz Támara, que han declarado justo antes que él, de mentir. Ambos, que han llegado a acuerdos con Fiscalía, han confirmado que acudieron a Villarejo para conseguir información sobre el empresario Mateo Martín Navarro por el pago de una deuda y que el comisario les proporcionó vídeos del abogado de éste, el ex juez Francisco Urquía, consumiendo drogas y en compañía de lo que parecían prostitutas. Pagaron 20.000 euros por toda la información pero no llegaron a usar esos vídeos, han afirmado.

La sesión de este lunes se ha caracterizado una vez más por la tensión entre el tribunal y Fiscalía con Villarejo. El comisario ha acusado a Serrano de intentar chantajearlo, le ha recomendado hacerse «guionista de cine» y le ha exigido que le llame «acusado». «Piano», le ha advertido la magistrada Ángela Murillo. «Voy a seguir haciendo un ejercicio de paciencia», ha asumido el fiscal.