Villarejo dice que investigó las supuestas amenazas a López Madrid porque era amigo de los Príncipes de Asturias

José Manuel Villarejo

José Manuel Villarejo - CEDIDA - Archivo

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El comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo ha declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza 24 de Tándem, que no existió un encargo por parte del empresario Javier López Madrid relativo a la dermatóloga Elisa Pinto y que lo que sí hubo fue interés oficial por investigar supuestas amenazas al entorno de los entonces Príncipes de Asturias. López Madrid era una persona cercana a Felipe y Letizia.

El comisario ha declarado por videoconferencia desde la cárcel de Estremera, donde permanece desde noviembre de 2017, en relación a tres piezas separadas, entre las que está la 24, donde se investiga si López Madrid –también imputado– encargó al comisario agredir a la dermatóloga Elisa Pinto.

Fuentes jurídicas presentes en la declaración han explicado que el comisario ha apuntado que el interés en el asunto era puramente oficial y que no hubo ni contratación ni traspaso de dinero por parte del empresario. Esta versión coincidiría con lo declarado por López Madrid en enero, cuando dijo que nunca contrató a ninguna empresa de Villarejo, ni pagó por ningún encargo de servicio alguno.

Villarejo ha señalado que fue a través del presidente del Grupo Société Générale en España y Portugal Donato González, con quien compartía planta en Torre Picasso, como se enteró de que alguien cercano a los Príncipes estaba siendo acosado. Esto le llevó a reportar sobre ello a los responsables del Ministerio del Interior, y en concreto se ha referido al secretario de Estado de Seguridad, que por entonces era Francisco Martínez.

Tras consultar con Interior, ha sostenido ante el juez Manuel García-Castellón, recibe el visto bueno para investigar esas supuestas amenazas hacia López Madrid porque éste era alguien con mucha información sobre los Príncipes dada su amistad.

Además, Villarejo ha metido en la ecuación al ex comisario jefe de la Ucao Enrique García Castaño al señalar que éste recibió instrucciones por parte de Interior para que investigara si las amenazas a López Madrid llegaban por parte de la doctora Elisa Pinto y que implicaciones tenía.

Sobre el papel que jugó en todo esto su socio en el Grupo Cenyt Rafael Redondo, Villarejo ha indicado que éste sí que estuvo en el despacho de la doctora Pinto. Precisamente este jueves el propio Redondo señaló ante el Juzgado Central de Instrucción 6 que el comisario le mandó acompañar a López Madrid a visitar a Pinto para pedirle que ésta dejara de acosar al empresario.

FISCALÍA TIENE INDICIOS DEL ENCARGO

Ya en diciembre de 2019, los fiscales de Anticorrupción del caso Tándem encontraron indicios suficientes que acreditarían la existencia de este encargo y consideraban que era materia de la Audiencia Nacional, al margen de que el Juzgado 39 de Madrid llevara a juicio las agresiones físicas que en su día denunció la doctora.

De hecho en septiembre de 2020 la juez de Instrucción del 39, Belén Sánchez, concluyó las pesquisas y propuso juzgar tanto López Madrid como a Villarejo. Atribuye al primero delitos de acoso y amenazas y al expolicía las «lesiones con instrumento peligroso» sufridas por la dermatóloga.

En concreto, Pinto denunció a López Madrid por acoso en los Juzgados de Instrucción de Madrid y después amplió su querella afirmando que había sufrido un apuñalamiento en 2014 con un bisturí en su propio gabinete médico. En 2017, reconoció al propio Villarejo como autor de aquella agresión.

Si bien la causa de la agresión sigue pendiente de juicio en los juzgados de Madrid, en ese proceso no se investigó el origen de la presunta agresión, que a la luz de un extenso escrito con detalles que ha aportado la propia Pinto a la Audiencia Nacional, podría responder a un encargo de López Madrid a Villarejo similar a otros de los «trabajos» del comisario que ya están bajo la lupa en la Audiencia Nacional.

La propia Pinto solicitó que se la tuviese en cuenta como perjudicada por Villarejo a la luz de la macrocausa en la que está siendo investigado y por la que permanece en prisión provisional desde noviembre de 2017.

Inicialmente, sus pretensiones fueron desestimadas, pero la defensa de Pinto recurrió con un escrito en el que aportaba diversos detalles que, en contraste con la documentación intervenida al comisario, llevaron a los investigadores a reconsiderar la posición.

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