El expresidente de Banco Popular Emilio Saracho había intentado por todos los medios evitar declarar como testigo ante un juzgado por la demanda de un accionista de la entidad, al entender que podría vulnerar su defensa en el caso penal. Sin embargo, la titular del juzgado de Primera Instancia número 27 de Barcelona ha rechazado su recurso y ha acordado mantener su declaración y le ha citado para el próximo 22 de mayo.
En una providencia que recoge la agencia Efe, la magistrada explica que “no puede ser relevado de comparecer (…) resultando improcedentes las alegaciones sobre la desproporcionalidad o inutilidad” de su testifical, solicitada por el abogado Felipe Izquierdo en representación de un inversor particular que perdió 28.000 euros tras la resolución acordada por Europa.
Del mismo modo, descarta la posibilidad de que Saracho declare por videoconferencia “no sólo porque suele ser habitual la exhibición documental sino porque no se acredita la concurrencia de las circunstancias excepcionales atendiendo a la distancia con su residencia y a los diversos medios” que unen Madrid y Barcelona.
La decisión, contra la que cabe recurso en el plazo de cinco días, confirma lo acordado durante la audiencia previa celebrada el pasado 6 de febrero.
En ella, la juez también requirió a la entidad el acta del Consejo de Administración celebrado el 6 de junio de 2017, un día antes de que la Junta Única de Resolución (JUR) europea acordara la operación que supuso la reducción a cero de las acciones y de la deuda subordinada.
Un documento en el que, explican fuentes jurídicas a la agencia, los integrantes del Consejo reconocerían la insolvencia del Popular por falta de liquidez y problemas patrimoniales, apenas horas antes de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ejecutara la resolución en España.
