Foto de archivo de un aula, clase o colegio
Precisamente, este mismo miércoles la Confederación Español de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA) y la Asociación de Colegios privados e independientes (CICAE) dieron a conocer un estudio que revelaba que el 87% de los colegios concertados en España cobran una cuota base a las familias al mes, siendo obligatoria en el 77% de los casos.
Según este estudio, que se basa en el análisis realizado en 338 centros educativos concertados de siete comunidades autónomas sobre la información relativa a las matrículas del curso 2021-2022, la cuota base promedio mensual en Cataluña es de 202 euros, de 133,25 euros en Comunidad de Madrid y de 84,07 euros en País Vasco.
Tal y como recuerda el grupo parlamentario, la actual Ley educativa, la LOMLOE, establece que, «para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos».
Según Unidas Podemos, «esta situación no es, lamentablemente, nueva», pues señalan que «desde hace muchos años», tanto CICAE como CEAPA, como también entidades de defensa del consumidor como la OCU, vienen avisando de esta «práctica abusiva» y «en fraude de ley» que realizan algunos centros educativos privados con concierto público.
Por ello, ha formulado una serie de preguntas al Gobierno para su contestación escrita. En primer lugar, pregunta qué opinión le merece al Ministerio de Educación y FP que haya centros educativos privados sostenidos con fondos públicos que no cumplan la legislación vigente aplicando este tipo de cuotas.
Los ‘morados’ también quieren saber si el Ministerio ha impulsado, a través de la Alta Inspección Educativa, o bien informado a las Consejerías de las comunidades autónomas, alguna investigación sobre estas prácticas.
Asimismo, pide conocer cuántos expedientes sancionadores se han abierto en los últimos 10 años directamente por el Ministerio o cuántos han abierto las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias contra escuelas concertadas que practican este cobro de cuotas.
Y, finalmente, quieren saber si tiene previsto el Ministerio impulsar alguna iniciativa para «proteger el derecho de las familias que matriculan a sus hijos en las escuelas concertadas» y evitar este tipo de prácticas.
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