En concreto, según el informe ‘Estadística de Gasto Sanitario Público’, el gasto sanitario público ha pasado del 7,4% del PIB en 2020 al 6,4% en 2024 (último año disponible), un punto menos. “Lamentamos, además, que los datos estadísticos oficiales se publiquen siempre con retraso, uno o dos años después, ya que imposibilita hacer una análisis de la realidad actual”, señala SATSE en una nota.
El Sindicato de Enfermería recuerda que lleva varios años denunciando que este porcentaje se encuentra “muy por detrás” del existente en otros países de nuestro entorno económico, caso de Francia, por ejemplo, que llega casi al 10% (9,5%), o de otros que, incluso, lo superan, como ocurre en Alemania, que es el 10,1% del PIB.
“En todo caso”, continúa, “el porcentaje español es insuficiente e inadecuado para sostener un sistema sanitario que, como ha vuelto constatar la reciente crisis del hantavirus, está en permanente estado de alerta ante riesgos para la salud humana de consecuencias imprevisibles y potencialmente muy complejos y perjudiciales”, defiende.
SATSE remarca que la crisis del Covid-19 comprometió, en 2020, al conjunto de administraciones públicas y partidos políticos a “hacer realidad numerosas medidas y actuaciones contempladas en el dictamen de la Comisión parlamentaria para la reconstrucción económica y social de nuestro país”. Sin embargo, seis años después, “lo único cierto es que la economía ha crecido, el coste de la vida también, y nuestro sistema sanitario público sigue malviviendo gracias al trabajo de unos profesionales sobrecargados, precarizados y desmotivados”.
Agencia Salud Pública
“A modo de ejemplo, recordamos que uno de los compromisos adquiridos, y aun no cumplidos, es la puesta en marcha de una Agencia Estatal de Salud Pública que posibilite una mayor coordinación entre administraciones en materia de vigilancia epidemiológica y preparación ante crisis y emergencias sanitarias, además de reforzar el asesoramiento científico y técnico necesario en este tipo de situaciones”, remarca en una nota.
Ante esta realidad, exige un incremento progresivo y constante de la inversión pública que posibilite alcanzar, “al menos”, el porcentaje que ya otros países destinan y que se priorice la mejora de las condiciones de trabajo del personal sanitario, especialmente de enfermeras y fisioterapeutas.
