La empresa mercantil Autopista Madrid Sur, Concesionaria Española, S.A. (en liquidación), ha decidido interponer ante la Sala Tercera, Sección Quinta del Tribunal Supremo, un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Gobierno sobre el rescate de las autopistas ‘quebradas’.
El recurso va contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2019 por el que se interpretan determinados contratos de concesión de autopistas en cuanto al método para calcular la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), que ha sido admitido a trámite por resolución del día de la fecha y figura registrado con el número 2-232-19.
Las concesiones que se encuentran en esta situación y, por tanto, sobre las que se aplicará las determinaciones establecidas son las de las autopistas: R-3, R-5, R-2, R-4, M-12, AP-7 (Circunvalación de Alicante), AP-7 (Cartagena-Vera), AP-7 Autopista AP-36 (Ocaña-La Roda) y Madrid-Toledo (AP-41).
Con el acuerdo, el Gobierno pretende concretar diversos aspectos en el cálculo de la RPA y en particular sobre la valoración de las obras de construcción y bienes inmuebles afectos a la explotación de las autopistas y los diferentes conceptos a incluir en la valoración de las expropiaciones de terrenos.
Además, se tendrán que concretar otras circunstancias especiales, como la existencia de convenios de aprovechamientos urbanísticos, o la minoración a realizar en los casos en los que ha sido el Ministerio de Fomento el que tuvo que hacer frente a los pagos por sentencia judicial.
El procedimiento de amortización de las obras y expropiaciones, así como el período que se considerará en el cálculo de la misma y el tratamiento de los límites de la RPA en concepto de expropiaciones y obras, previstos en su momento en los pliegos y ofertas de los licitadores, son otros de los factores que el Gobierno tendrá en cuenta.
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