Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid
El cambio de las calles franquistas en la ciudad de Madrid ha supuesto un duro golpe para ciertos sectores. De hecho, las acciones para impedir alguna modificación ya se han iniciado. Una batalla que la Plataforma Patriótica Millán Astray, asociación compuesta por antiguos legionarios, está dispuesta a llevar a los tribunales tras presentar una denuncia contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la presidenta del Comisionado de Memoria Histórica, Paca Sauquillo.
La agrupación ha denunciado a las dos dirigentes por presunta prevaricación en la propuesta de renombrar la calle General Millán Astray, fundador de la Legión, por el de la maestra Justa Freire. Un escrito que la plataforma ha apoyado en una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que estimó parcialmente una reclamación de la Plataforma Patriótica Millán Astray en la que se instaba al Ayuntamiento de Madrid a hacer “pública” una serie de información.
Como ha recogido Europa Press, el órgano creado por el Gobierno de Mariano Rajoy reclamó al Consistorio a remitir una serie de información que está considerada, según el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, como “pública” como son las actas, informes y dictámenes del Comisionado sobre la propuesta para retirar esta calle. Un visto bueno parcial a la reclamación que la plataforma de antiguos legionarios ha incluido en su denuncia y que espera que sea un elemento añadido para el conflicto judicial.
A pesar de ello, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó otras partes de la reclamación presentada por la agrupación como su petición de recusación del miembro del Comisionado Andrés Trapiello, al entender que es un aspecto que dista de lo recogido en el derecho de información pública. Asimismo, se rechazó la petición de audiencia con el secretario del Comisionado o que se convocara a la plataforma a una reunión específica sobre el asunto de la retirada del nombre de la calle al general que fundó esta sección del ejército.
El informe del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno también recogió las alegaciones que presentó en su día el Ayuntamiento de Madrid y que indicaba, por ejemplo, que el informe del Comisionado de Memoria Histórica era entonces “provisional” y no se había aprobado de forma “definitiva”.
Sin embargo, la Plataforma Patriórica Millán Astray ve más que suficiente el dictamen parcial del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra el Ejecutivo de Carmena: “No han cumplido con sus obligaciones legales de buen gobierno en lo que respecta al objeto de la denuncia penal, lo cual agrava aún más si cabe la realidad de todos los hechos”.
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