La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo que se reactivó a finales de 2016 para reformar el sistema de pensiones anunció que sus primeros frutos verían la luz en primavera. La de 2017, concretamente. Valga la redundancia, la promesa incumplida acaba de cumplir un año.
No hay noticias del listado de propuestas que los grupos iban a presentar en la Cámara Baja para amparar el equilibrio del sistema de Seguridad Social y asegurar su suficiencia financiera. En pleno estallido de las protestas por el límite de revalorización de las pensiones en el 0,25%, las posturas de los grupos parecen cada vez más alejadas, y para muestra un botón: la última cita de esta comisión se dedicó a definir qué entiende cada partido por “poder adquisitivo”.
En la sesión previa, los grupos apuntaron a este concepto como una de las cuatro patas en las que trabajaría el Pacto de Toledo en adelante. Los miembros de la comisión que preside la diputada popular Celia Villalobos son conscientes del desgaste: otro de aquellos pilares fue la posible pérdida de confianza de los ciudadanos en el propio Pacto de Toledo.
Los jubilados llevan semanas siendo puntuales a su cita con las calles para protestar por las “subidas de mierda” que el Ejecutivo prevé para sus pensiones. Igualmente precisas son las dietas que siguen percibiendo los miembros de la comisión, aunque sus conclusiones nunca lleguen. La negociación no sale del barro, pero los diputados suman mes a mes los pluses por integrar una de las 42 comisiones que ya aglutina el Congreso de los Diputados.
El volumen de comisiones es tal que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, tiró de las orejas a sus señorías por la presión a la que estos órganos someten a la cámara y que en muchos casos están tan atascadas como la de Toledo o más.
El órgano de las pensiones está integrado por 17 diputados y hasta el 31 de enero de este año, según la recapitulación que hizo Villalobos, celebró unos sesenta actos: 37 comparecencias a lo largo de 25 sesiones públicas y 30 reuniones a puerta cerrada con “altos cargos de la Seguridad Social, expertos y representantes del mundo académico”.
Aunque el Congreso aún no ha actualizado las sesiones más recientes, la hemeroteca recuerda que los ‘vigilantes’ del Pacto de Toledo han celebrado otras cuatro reuniones en marzo. A inicios de ese mes el PP trató de frenar el debate sobre subidas más allá del 0,25%: los populares eran contrarios a abordar un asunto aparcado desde que se iniciaron los trabajos justo cuando la opinión pública centraba su atención en los reclamos de los pensionistas y antes del Pleno monográfico que Rajoy convocó en el Congreso.
En aquella sesión, a mitad de marzo, el presidente prometió una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad con el que trató de dar un golpe de efecto que no ha calmado las protestas ni ha desencallado la comisión que desespera al debate sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social.
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