La sinrazón apoyada en la mentira que desde hace tiempo venían haciendo alarde los exégetas del secesionismo en Cataluña se ha impuesto en un Parlament sin presencia de la oposición que no quiso prestarse a tan sucio juego ni vergüenza democrática. La proclamación de la independencia por un escaso porcentaje de votos, ha culminado un “procés” que debería producir vergüenza a quienes lo protagonizaron y abochorna a los compatriotas que lo hemos presenciado. El esperpento en que se convirtió en su momento la intentona del 23 F se ha quedado atrás después de todas las tretas, mentiras y trapisondas legales de que se han servido Carles Puigdemont y sus compinches independentistas para manejar a su voluntad las instituciones y a la parte más fanatizada de la opinión pública.
Todas las esperanzas puestas en alguna fórmula mágica que in artículo mortis lograse devolver la sensatez a los líderes soberanistas para poder llevar a cabo una negociación sobre principios y planteamientos legales se han esfumado y dado paso a unos hechos consumados que mírense como se miren quizás satisfagan algunas pasiones desbordadas, pero sólo proporcionarían problemas al funcionamiento de la Autonomía. Daños irreparables a la convivencia, riesgos para la seguridad pública, trastornos para la economía catalana y española — que ya se están reflejando –, y deterioro de una imagen internacional de España y Cataluña cuando atravesaba un buen momento gracias a la estabilidad que usufructuábamos. La rapidez y contundencia con que respondió el bloque constitucional ha sido decisiva.
La pantomima de votación ayer en el Parlament, que repetía todos los atropellos a leyes y reglamentos de otras anteriores, pasará a la Historia no tanto por haber concluido con una declaración unilateral y penosa de la República como por el espectáculo deprimente, y al tiempo indignante, que ha ofrecido al mundo a cambio nada. La república que un grupo de diputados autonómicos se permitió declarar sin cumplir ningún principio básico para hacerlo parte de un total rechazo internacional. Solamente el fantasmal Gobierno de los 50.000 habitantes de Osetia del Sur, escindida de Georgia gracias a las interferencias de Putin, constituye su único denigrante respaldo diplomático. Prácticamente todos los países serios, particularmente los miembros de la Unión Europea, le han vuelto la espalda al proyecto. La caótica actuación del Parlament contrastó en paralelo con la rigurosidad democrática con que el Senado aprobó la respuesta y la sorprendente respuesta del Gobierno destituyendo a los culpables y convocando elecciones en diciembre.
Y si los gobiernos extranjeros y responsables de organismos internacionales — cuyos principios y reglas han sido avasallados a lo largo de todo el proceso — ya expresaron con firmeza su rechazo antes, ¿qué pensarán ahora, después de asistir al espectáculo deprimente y golpista ofrecido desde el Parlament? La falta de seriedad y respeto jurídico reflejada en el rechazo de los letrados de la Cámara a lo que estaba ocurriendo, la actitud arbitraria e incompetente de una presidenta, modelo de sectarismo y parcialidad, y la pobreza de argumentos para rebatir que el Estado de derecho no transija con semejante despropósito, no podrá granjearles a los responsables más que críticas y rechazo. La aplicación del Artículo 155 de la Constitución activado con rapidez evitará males mayores, convertirá a la República proclamada como la más efímera de la historia, aunque también hay que reconocer que el daño está hecho y paliarlo no será fácil.
