Trinitario Casanova irrumpe en la operación Chamartín: quiere arrebatar terreno al BBVA

Trinitario Casanova, presidente del grupo Baraka, ha entrado en juego en el proyecto Madrid Nuevo Norte, antes denominada Operación Chamartín. El empresario murciano intenta arrebatarle terrenos a BBVA para lo cual ha llegado a un acuerdo con los antiguos propietarios de los terrenos que se expropiaron para construir la estación para comprarle sus derechos de reversión, según adelanta hoy elconfidencial.com.

Asegura el citado digital que Trinitario Casanova intenta convertirse en el mayor terrateniente de operación Chamartín y arrebatarle este honor a BBVA que, junto a Grupo San José, ganó la concesión para desarrollar estos terrenos hace un cuarto de siglo. Y explica que para conseguir su objetivo, Casanova ha llegado a un acuerdo con los propietarios originales de los terrenos, a quienes Renfe expropió para construir la estación, para comprarles sus derechos de reversión. Con esta jugada, el empresario persigue quedarse con 1,2 millones de metros cuadrados del ámbito y desarrollarlos con su propia empresa, Grupo Baraka.

Explica elconfidencial.com que “la normativa vigente en 1994, cuando nació este desarrollo, reconoce a los propietarios originales poder adquirir sus antiguos terrenos si la Administración decide desafectarlos, cambiar el uso para el que fueron expropiados y venderlos. Esto es, en grandes líneas, lo que se conoce como derecho de reversión, una legitimación que los reversionistas llevan décadas peleando sin éxito en los tribunales.

Sin embargo la jugada de Trinitario Casanova no parece preocupar a Distrito Castellana Norte (DCN), la promotora de BBVA y San José, que consideran que reivindicaciones de los reversionistas son “algo ya juzgado y cerrado”, en referencia a una sentencia del Tribunal Supremo del año 2012, en la que el alto tribunal concluyó que “al no acreditarse la desafectación tácita» de los terrenos, «no procede la reversión”.

No opinan lo mismo los reversionistas que han llegado al acuerdo con Casanova, que tal y como recalca el mencionado medio online “siempre han defendido que este pronunciamiento refrenda que existe un derecho de reversión, pero que este no se activará hasta el momento en que Adif —el gestor de infraestructuras ferroviarias que en el pasado estaba integrado con Renfe— desafecte los terrenos para poder venderlos a DCN”.

Según elconfidencial.com “Casanova considera que este hito se producirá en julio, cuando el Ayuntamiento de Madrid tiene prevista la aprobación inicial del plan, aunque otras fuentes señalan que deberá esperar hasta la aprobación definitiva para poder exigir la reversión, lo que en el mejor de los escenarios ocurrirá el año que viene. Una luz verde que el consistorio desliga por completo del conflicto de los reversionistas: “En ningún caso condicionaremos​ la aprobación del plan a este asunto”, ha asegurado un portavoz.

El acuerdo de compra al que ha llegado Casanova con los reversionistas contempla ahora un pequeño pago, mientras que el grueso se ha aplazado hasta que se activen los derechos de reversión, tiempo durante el cual no es descartable que el empresario intente llegar a algún acuerdo con DCN, aunque él insiste en que su objetivo es promover directamente los terrenos.

Para conseguirlo, deberá poner sobre la mesa un cheque de 400 millones de euros solo para hacerse con todos los derechos de reversión, cifra a la que deberá sumarse la compra efectiva de los terrenos a Adif, lo que implica otro cheque de 1.000 millones de euros, ya que este es el precio al que DCN se ha comprometido a adquirir los terrenos a la empresa pública.

Elconfidencial.com recuerda que hace seis años, Manuel Jove, fundador de Martinsa-Fadesa, llegó a un acuerdo con No Abuso para adquirir los cerca de un millón de metros cuadrados de sus asociados por 300 millones de euros, pero el empresario se retiró tras la sentencia del Supremo a la que DCN recurre para asegurar que este asunto está ya cerrado.

Aunque destaca que en esta ocasión, Trinitario Casanova también está firmando con otros reversionistas que no estaban en No Abuso pero que han decidido sumarse a su acuerdo, según han reconocido desde la asociación, lo que eleva hasta 1,2 millones de metros cuadrados y 400 millones las cifras finales de esta operación.

En cualquier caso, elconfidencial.com hace notar que “todo apunta a que operación Chamartín se enfrenta a una batalla de interpretaciones legales y probables conflictos judiciales, en la que DCN defiende que estos derechos ya no existen, mientras que los abogados de Casanova aseguran que la ley está de su parte”.

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