El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que encabeza Magdalena Valerio, ha remitido un informe a Justicia para su traslado a la Fiscalía General del Estado con objetivo de impugnar los estatutos de la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras). La propia Valerio escenificó su indignación tras conocerse la constitución de este sindicato. “Me han colado un gol”, admitió a finales de agosto.
“El Gobierno no puede admitir la constitución de un sindicato que, según las informaciones conocidas con posterioridad al depósito de sus Estatutos ante la Dirección General de Trabajo, ha afirmado perseguir la defensa y promoción de la prostitución, el otorgamiento de derechos laborales a quienes ejercen la prostitución y, por tanto, la normalización de la relación existente entre quien ejerce la prostitución y el proxeneta”. Así lo explica el ministro de Valerio en una nota a los medios en la que se anuncia la puesta en marcha de la vía judicial.
El informe remitido al Ministerio de Justicia “concluye que la alternativa jurídica más viable y más efectiva para corregir la situación creada por el depósito de los Estatutos de Otras es la impugnación en vía judicial de los mismos ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional”.
El escrito de Trabajo cree que los estatutos de Otras “vulneran el derecho a fundar sindicatos puesto que dicho derecho sólo se reconoce a las personas trabajadoras por cuenta ajena y la prostitución nunca puede ser objeto de un contrato de trabajo”. “Por ello”, continúa, “los estatutos de Otras vulneran la Ley Orgánica de Libertad Sindical, los artículos 10 y 14 de la Constitución referidos a la dignidad de la persona y al principio de igualdad, así como la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres de 2007”.
Asimismo, se remarca que la prostitución “no es una situación neutra, lleva aparejada la explotación sexual de una persona, mayoritariamente mujer, y con mucha frecuencia aparece anudada a situaciones de trata de seres humanos”.
