Teresa Ribera ha sido la elegida por el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para liderar un nuevo ‘superministerio’ que aglutinará las competencias de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático. Será la primera mujer en ponerse al frente de la cartera de Energía y en su curriculum destaca su trayectoria en la lucha contra el cambio climático y la defensa de las renovables, pero también una sombra que no ha tardado en recordarse: su papel en el polémico proyecto Castor.
Durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, Ribera fue directora de la Oficina de Cambio Climático, entre 2004 y 2008, y secretaria de Estado de Cambio Climático entre 2008 y 2011. Ocupando este úlimo cargo, fue la encargada de firmar en 2009 la declaración de impacto ambiental que autorizó el almacén submarino de gas en las costas de Castellón.
La puesta en marcha de Castor provocó más de un centenar de movimientos sísmicos en la zona, lo que obligó a detener su actividad, ya bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. Como consecuencia del parón, y debido a una controvertida cláusula en el contrato de concesión, se tuvo que indemnizar a la empresa concesionaria, Escal UGS, participada por ACS, con 1.350 millones de euros.
El pago tanto de esta compensación como de la deuda derivada de ella se trasladó al recibo de los consumidores, quienes asumieron el coste hasta que a finales del año pasado la CNMC paralizó el pago con cargo al sistema después de que el Tribunal Constitucional declarara nula la indemnización.
Aunque Ribera fue la firmante, finalmente se libró de la acusación por parte de la fiscalía de Castellón, que sí denunció en una querella a varios técnicos del ministerio y del Instituto Geológico y Minero por esa tramitación por presuntos delitos de prevaricación ambiental y contra el medio ambiente.
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