Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han pedido esta mañana a la Agencia Tributaria (AEAT) investigar a Juan Carlos I por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Lo han hecho después que la Mesa del Congreso haya rechazado la creación de una comisión de investigación sobre la actividad del Monarca y de que Corinna Larsen haya afirmado que la donación que recibió en 2012 desde una cuenta suiza fue un regalo del Rey emérito.
En una nota de prensa, la asociación Gestha afirma que las declaraciones de varios implicados ante la Fiscalía suiza conforman sospechas sólidas y suficientes para que la AEAT ordene iniciar una investigación tributaria sobre Juan Carlos I, tal y como haría a cualquier otro contribuyente, demostrando así que ya no existen «escudos fiscales» ni siquiera para proteger a la familia Real.
Los Técnicos de Hacienda lamentaron en septiembre de 2018 que el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) enviado al juez en torno a las declaraciones del IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio y Bienes en el extranjero del rey emérito fuera tan simple como para afirmar que de la información analizada el Rey emérito no figuraba como titular cuentas en Suiza –como se desprende del auto de sobreseimiento provisional, de septiembre de 2018, del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional–, y no investigara ninguna de estas presuntas propiedades y cuentas millonarias.
Además, remarcan que el Rey emérito podría haber incurrido en «infracciones tributarias muy graves e incluso además de un posible delito de fraude fiscal agravado». Consideran, en este sentido, que «podría determinarse un presunto delito de blanqueo si se acredita que desde su supuesta cuenta en Suiza existen reembolsos a terceros que previamente han pagado parte de sus gastos personales e inversiones».
En este sentido, Gestha aclara que la presunta falta de declaración de los bienes en el extranjero (los supuestos 100 millones de la fundación panameña) «llevaría a conformar un presunto delito fiscal en el último ejercicio no prescrito administrativamente, es decir, el IRPF de 2015». Y también plantean investigar el «presunto delito fiscal agravado del IRPF-2012» y que podría investigarse penalmente hasta 2023. Aunque admite que depende de la «amplitud que el Tribunal Supremo, y en su caso el Tribunal Constitucional, otorgue a la inviolabilidad anterior a su abdicación en el 19 de junio de 2014».
TAMBIÉN PLANTEAN INVESTIGAR A LAS PERSONAS IMPLICADAS
Además, los técnicos de Hacienda entienden que deberían investigarse igualmente las responsabilidades de todas las personas que pudieran estar implicadas, tanto por su posible colaboración en los supuestos delitos, como por no haber denunciado estos hechos a pesar de haber estado al corriente de las supuestas actuaciones de Juan Carlos I.
Finalmente, Gestha señala la conveniencia de que el resto de los miembros de la familia real y de la familia del Rey hicieran públicas sus declaraciones de bienes en el extranjero en un ejemplo de transparencia que zanjara cualquier especulación o implicación este caso o en el futuro.
Especialmente, añaden, tras haberse conocido en 2013 la existencia de tres cuentas en Suiza de la herencia que Don Juan de Borbón dejó a sus tres hijos en 1993 con un saldo total de 728,75 millones de pesetas.
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