Impuesto a la vivienda
“Los caseros ya disfrutan de un 50% de rebaja en el IRPF”, recuerdan fuentes de Sumar, que afirman que “desincentivar fiscalmente por subidas del alquiler solo es una reducción del privilegio fiscal”. Además, apuntan que la iniciativa, avanzada por El País, “no es nueva” y “fue planteada (por el PSOE) en la mesa de negociación).
“Sumar expuso entonces que, como única medida, no tiene capacidad para frenar la espiral alcista de los precios que en el último lustro se han disparado más de un 40%”, remarca el socio minoritario.
Según Sumar, con unas subidas del 40% en el precio del alquiler, sus estimaciones apuntan que el efecto en el mercado del alquiler “seguirá siendo cosmético y sin capacidad real para aliviar la carga de los inquilinos”. Por ello, critican que la vía de los incentivos fiscales es “injusta” y lamenta que “pone el foco de nuevo únicamente en los intereses del arrendador cuando es urgente darle certidumbre, estabilidad y facilidades al inquilino”. “Especialmente”, continúan estas fuentes, “a aquellas personas angustiadas porque vence su contrato en los próximos meses y no saben qué va a ser de ellas”.
En su opinión, la solución a esta crisis de vivienda “no puede partir de la voluntariedad de una parte”. En este caso, “de la buena voluntad del casero”.
Por ello, defienden que una prórroga extraordinaria de los contratos es “la vía más eficaz para intervenir de inmediato el mercado del alquiler”. Y por varias razones. “Por un lado”, explican desde Sumar, “dota de estabilidad vital a los inquilinos que ahora mismo no saben si van a poder vivir en la misma casa, o incluso en la misma ciudad, donde actualmente están desarrollando su proyecto vital”.
“Por otro lado, también dota a los inquilinos de fuerza negociadora para un potencial acuerdo con los caseros para poder renovar el alquiler sin una subida desproporcionada”.
Los de Yolanda Díaz apuntan que en 2021 se firmaron 632.369 contratos que son “susceptibles” de tener que ser renovados en 2026 “con un mercado un 40% más caro que entonces”. Estos más de 600.000 contratos con fin en 2026 afectarían a más de 1,6 millones de personas. “Casi 2,7 millones si se suman también a quienes potencialmente se les acabaría el contrato en 2027”, aseguran.
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