Sumar propone que el Estado tome el control en Repsol tras llevarse inversiones fuera de España
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Sumar propone que el Estado tome el control en Repsol tras llevarse inversiones fuera de España

El grupo plurinacional acusa a la empresa de hacer un "chantaje fiscal" a España

El portavoz económico de Sumar, Carlos Martín / Foto: Eduardo Parra - Europa Press
El portavoz económico de Sumar, Carlos Martín / Foto: Eduardo Parra - Europa Press

El portavoz económico de Sumar, Carlos Martín, ha propuesto este martes que el Estado tome una participación de control en Repsol después de que la empresa haya elegido a Portugal para invertir 15 millones de euros ante la inestabilidad regulatoria y fiscal de España.

Una decisión que Carlos Martín ha tachado de «chantaje fiscal» contra España. «Amenazan con llevarse inversiones estratégicas a Portugal si no se rebajan los impuestos sobre los beneficios históricos que están registrando», ha denunciado Martín en un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter.

En ese mismo mensaje, el portavoz económico de la formación ha recordado que la energética es una empresa que nació «de la privatización de las empresas públicas agrupadas en el Instituto Nacional de Hidrocarburos, como la distribuidora Campsa, la refinera Enpretrol o Butano». «Repsol se cimenta, por tanto, sobre un esfuerzo colectivo de país», ha apostillado.

En este punto, Carlos Martín ha criticado que en la década de los años 80 «se decidió dilapidar el patrimonio empresarial público mal vendiéndolo», lo que a su juicio «ha conducido a una economía menos autónoma y dependiente de la codicia de un puñado de ejecutivos y accionistas».

MÁS IMPUESTOS

Es aquí donde el portavoz del grupo plurinacional propone varias vías para hacer frente a este «chantaje». La primera de ellas es incrementar impuestos a aquellas energéticas que no realicen inversiones estratégicas suficientes para la transición verde en España y empleando estos recursos para llevarlas a cabo.

La otra propuesta pasa por una participación pública de control de manera similar a como se hizo con Telefónica y, por último, promover a nivel europeo una regulación que impida el ‘dumping’ entre países y el «chantaje fiscal» empresarial.

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