Fuentes cercanas al equipo de negociación de Sumar con los independentistas para la investidura argumentaron así a Servimedia su apuesta por incluir a los agentes de la Policía procesados por presunto ejercicio de violencia innecesaria en su intento de impedir el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.
La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ya dejó entrever en una entrevista en TVE el pasado lunes que una hipotética Ley de Amnistía como la que demandan ERC y Junts podría incluir también a esos policías.
En la entrevista, Díaz manifestó que una amnistía le parece «absolutamente constitucional», ya que la Carta Magna no la impide y el artículo 666.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla esta posibilidad de extinción de la responsabilidad penal, y añadió: “Hay multiplicidad de supuestos: hay personas que han puesto urnas, hay agentes de la autoridad que también están encausados por diferentes comportamientos; en definitiva, esta es la complejidad que esta norma”.
El planteamiento del equipo negociador de Sumar, que encabeza el exdiputado Jaume Asens, es que una amnistía política, como la de 1976, implica una suerte de reseteo, de vuelta a empezar con motivo de un nuevo contexto político en el que no cuenta el pasado.
«La amnistía, por definición, lo que hace es poner los contadores a cero. Tanto de un lado, como del otro. Por lo tanto, ahí entran también los policías», explicaron las fuentes consultadas, en alusión a los 45 agentes que están procesados desde enero por el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona por haber ejercido supuesta violencia «innecesaria» y «gratuita» en sus cargas contra los votantes del referéndum del 1-O, descuidando los principios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad”.
RECHAZO DE LAS DOS PARTES AFECTADAS
Sucede, sin embargo, que esta equiparación o equidistancia entre los policías y los más de 3.000 procesados por colaborar en la organización del referéndum no ha gustado a ninguna de la dos partes, por motivos simétricos.
El mismo lunes, poco después de la entrevista de Díaz, los tres sindicatos policiales, Jupol, el Sindicato Unificado de Policía y la Confederación Española de Policía arremetieron contra ella por situar en el mismo plano a quienes incumplieron la ley al organizar el referéndum y a quienes trataron de evitar su quebrantamiento impidiendo su celebración.
Por lo que se refiere al lado independentista, en Sumar son conscientes de que formaciones como la CUP creen que «no se pueden amnistiar las cargas policiales porque las equiparan a torturas por parte de cargos públicos». Entienden que la tortura no es «comparable al legítimo derecho a la libertad de expresión», que es lo que entienden que fue el referéndum independentista.
La CUP no consiguió representación parlamentaria en las elecciones generales del 23 de julio, pero podría condicionar la posición de ERC y Junts sobre este particular. Las fuentes consultadas de los partidos independentistas, al igual que del PSOE, no quisieron hacer valoraciones sobre la eventual Ley de Amnistía para preservar la discreción en las negociaciones.
De hecho, también en Sumar puntualizaron que «la negociación dirá por dónde vamos», porque la amnistía, junto al referéndum de autodeterminación, son las condiciones que ha puesto Junts para investir a un nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que la aprobación o no de una ley de ese cariz y sus características dependerá de cómo discurran las conversaciones. Desde el equipo de Díaz recordaron a esta agencia que «Sumar está trabajando con un equipo de juristas para determinar cuál es la mejor manera de resolver esta situación».
