No se sabe si por “anticuado”, en palabras del ministro de Hacienda, o por inasumible, según defiende Rajoy, pero ha quedado claro que el Gobierno no quiere vincular el crecimiento de las pensiones al IPC. Aunque es difícil predecir la inflación futura, ya hay varios cálculos según los datos de 2017: para el PSOE, bastarían con 1.600 millones de euros extra. Los estudios de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) prevén algo más, 1.750 millones al año.
Los socialistas arrojaron esa cifra observando el cierre de la inflación en noviembre (1,67%), aunque finalmente el IPC cerró el año con un incremento anual del 1,2%. En cualquier caso, teniendo en cuenta que la subida de las pensiones al mínimo legal costará este año 332 millones de euros, actualizarlas según un IPC medio entre el de noviembre y diciembre rondaría los 1.800 euros extra en 2018.
Esa cifra no supera el coste más optimista del rescate de las autopistas quebradas –2.000 millones de euros según el Gobierno, pero hasta 5.000 millones según el sector privado-.
Pero más allá de comparaciones odiosas, hay otros datos del propio universo de la Seguridad Social que impacta cotejar. Por ejemplo, el coste de subir las pensiones según piden en las calles estos días los jubilados y pensionistas supondría alrededor del 2,7% de la hucha de las pensiones existente de 2012, primer año de gobierno de Mariano Rajoy.
El déficit del sistema, que en 2017 alcanzó récord histórico con 18.800 millones en negativo, ha llevado a Rajoy a vaciar este colchón, que encontró con 66.815 millones en 2011, hasta dejarlo en apenas 8.000. El Ejecutivo del PP ha vaciado hasta un 90% del ‘cerdito’ de la Seguridad Social, acabando de paso con las rentabilidades que este Fondo de Reserva obtenía invirtiendo su patrimonio en distintos activos financieros.
Por tanto, atender a la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas ha pasado de suponer un porcentaje residual de aquel ahorro a costar una cuarta parte de la actual hucha.
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