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Líneas de crédito y opacidad: toda una década de ayudas a las autopistas quebradas

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Ecologistas en Acción calcula que el Estado ha avalado con hasta 800 millones anuales a las concesionarias de las radiales en quiebra, pero denuncia un total oscurantismo sobre el coste real.

miércoles 21 de febrero de 2018, 07:00h

Este miércoles el Ministerio de Fomento se hará cargo de la primera de las ocho autopistas en quiebra que rescatará el Estado. El plan es volver a licitarlas a finales de año en dos paquetes. El Gobierno sigue ocultando cuánto dinero público requerirá la operación, pero tampoco informa de cuánto ha costado sostener hasta hoy a las concesionarias.

El Ejecutivo admitió que a la deuda de las radiales, es de unos 3.200 millones de euros, habrá que sumar 550 millones en créditos participativos concedidos a grandes constructoras como ACS, Ferrovial, OHL o Sacyr para hacer frente a las expropiaciones millonarias que requirieron los 570 kilómetros de la red de pago que ahora hay que rescatar. Suponen una quinta parte de la red de vías privadas y se construyeron con unos 7.000 millones en la época de Aznar con previsiones de tráfico infladas.

Pero Ecologistas en Acción alerta de que esas ‘facilidades’ del pasado han encarecido mucho más el rescate con el que hoy se especula. Calculan créditos participativos anuales de hasta 300 millones y otros 500 millones al año por cuentas de compensación para contrarrestar la falta de viajeros de las radiales privadas.

Pero no se sabe durante cuántos años ni bajo qué epígrafe de los presupuestos del Estado, lamenta la ONG, que hoy se manifestará frente al Ministerio de Fomento para denunciar no sólo la carga millonaria de unas autopistas “innecesarias”, sino el “oscurantismo” del coste real para las arcas públicas.

Los créditos participativos trataron de ayudar a las UTE y empresas mediante interesas muy bajos y el aval estatal. Se facilitaron estas vías de financiación para hacer frente a expropiaciones de terreno sobrevaloradas, como admitía el propio Ministerio de Fomento.

De hecho, el problema de los 'justiprecios' viene de mucho más atrás: en 1998 el PP de Aznar aprobó la Ley de Suelo que permitió valorar como urbanizable grandes extensiones anteriormente catalogadas como suelo rústico. El resultado fue una avalancha de valoraciones "muy por encima de las estimaciones" que se firmaron en los contratos de concesión de las autopistas. La alta responsabilidad de la Administración en estas adjudicaciones hicieron el resto.

Por otro lado, bajo las llamadas "cuentas de compensación", el Estado se comprometía a pagar a las concesionarias la diferencia entre lo recaudado en los peajes y lo que habrían ingresado si se llegara al 80% de las estimaciones de tráfico recogidas en los contratos. Cálculos "claramente sobredimensionados”, recuerda Ecologistas.

Estas autopistas fueron ideadas por Fomento en la época de José María Aznar con Francisco Álvarez Cascos como ministro. Auxiliadas desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ante el pinchazo de viajeros respecto a los cálculos iniciales. Y finalmente rescatadas públicamente por una cuantía desconocida que el Ejecutivo de Rajoy calcula en 2.000 millones y el sector privado eleva hasta los 5.000.

“No hay justificación desde el lado del transporte ni de la racionalidad económica para todos estos proyectos viarios que arrasaron una gran superficie de nuestro país”, reitera la plataforma verde. “¿Dónde está, entonces, la justificación para este fiasco ambiental, económico y social?”.

"Intereses ilícitos"

Para la ONG, la opacidad de Fomento se suma a las sospechas de corrupción en las grandes de las infraestructuras: “La explicación más clara y plausible se encuentra en los papeles de Bárcenas, que supuestamente recogen pagos al Partido Popular de muchas de las empresas constructoras de estas obras. Por desgracia, muchos de los contratos son previos a 2003 y los posibles delitos ya han prescrito, aunque otros, como los ligados a la AP-41 están siendo investigados. Los presuntos intereses ilícitos son los únicos que explican bien lo que no se puede justificar desde la racionalidad de la planificación del transporte”, asevera Ecologistas en Acción.

Y alertan de que “este fiasco de sobredimensionamiento de infraestructuras a cargo de fondos públicos” se produce al tiempo que el actual ministro de Fomento “sigue en la misma dinámica: el verano pasado presentó un plan para construir 2.000 kilómetros de autovías más”. Recuerdan que España “es el país con más kilómetros de estas infraestructuras y se propone gastar 5.000 millones de euros más para seguir engordando la burbuja de infraestructuras”.

Para protestar “por esta escandalosa situación”, Ecologistas en Acción ha convocado una concentración de protesta mañana miércoles 21 de febrero, a las 18:30 horas, en la entrada del Ministerio de Fomento (Nuevos Ministerios, Madrid), coincidiendo con el día que se hará efectivo el primer rescate, el de la R4.

La versión de Fomento

Aunque hoy asume “la explotación y el mantenimiento de la autopista de peaje R-4, que discurre entre Madrid y Ocaña (Toledo), como consecuencia de la liquidación de la sociedad concesionaria, que se encontraba en concurso de acreedores”, Fomento asegura que sigue sin conocer el coste.

Según su versión, el cálculo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) asociada a estas autopistas “se realizará en los seis meses siguientes a la resolución administrativa de los contratos de concesión de estas autopistas”.

Por lo tanto, el Ministerio de Fomento no dispone en estos momentos de una previsión oficial de la cuantía que podría alcanzarse”, alega el departamento que dirige Íñigo de la Serna.

Aunque el Gobierno del PP alegó que las ayudas al déficit de las concesionarias se acabaron con la llegada de Rajoy a la Moncloa, a mitad de 2012 el Ejecutivo anunció otros 290 millones en préstamos participativos y la ampliación hasta 2021 de las cuentas de compensación. Aquel año ya había un claro riesgo de quiebra de las radiales privadas, pero el fracaso del modelo comenzó a ser visible desde 2006, apenas dos años después de las inauguraciones.

Violeta Muñoz

Hago la información de Madrid y a veces escribo sobre Derechos Humanos y Europa. Pro transparencia pública y rendición de cuentas.

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