Aula de un colegio
Hay 477.125 docentes en la Enseñanza Pública de España. De esa cantidad, solo el 2,3% tiene menos de 30 años. Es decir, apenas 14.313 profesores no llegan a la treintena de años. Este dato choca radicalmente con otro compartido por el sindicato de funcionarios CSIF: El profesorado de la Enseñanza Pública mayor de 50 años representa al 32% del total.
Las cifras proceden en realidad del informe del Consejo Escolar correspondiente a 2016, que ha sido aprobado este jueves por la parálisis política de los últimos meses, aseguran. Ese informe revela que el número de profesores en la Administración Pública ha descendido en los últimos años al mismo tiempo que la cantidad de alumnos ha aumentado en casi medio millón (457.650).
En el curso 2009-2010 había 492.666 docentes en Enseñanzas de régimen general. En 2014-2015 la cifra descendió a 477.125, esto es, 15.541 profesores menos para más alumnos. Por tanto, “es imposible que la Educación no vea mermada sus capacidades de atención al alumnado con estos porcentajes”, afirman desde el CSIF.
Además, los recortes en la inversión. En el año 2010 el total de las administraciones invirtió en Educación no universitaria 52.557 millones de euros, frente a los 46.131 millones de 2015 (un descenso de 6426 millones en inversión educativa).
“Estos datos hacen más evidente la necesidad expresada días atrás por este sindicato para tramitar amplias ofertas de empleo público docente en los próximos años como medida de recuperación”.
Algo que parece haber sido escuchado.
El Gobierno está preparando un plan para acabar con la temporalidad y la interinidad en las administraciones públicas. Consiste en una oferta de empleo público de unas 250.000 plazas para los próximos tres años, especialmente focalizadas en reforzar las áreas de Educación, Sanidad y Justicia, según apuntan diversos medios.
Este plan no supone un incremento aritmético en la plantilla general de las Administraciones Públicas, ya que muchas de esas plazas irán destinadas a actuales interinos que aspiran a una plaza fija. De hecho, se calcula que precisamente hay cerca de 240.000 interinos y temporales en las áreas antes mencionadas.
En cualquier caso, la convocatoria no supone una convalidación directa de los interinos, ya que estos tendrán que ser evaluados por las oposiciones correspondientes. Aunque es obvio que partirán con la ventaja de los puntos recibidos por haber trabajado al servicio de la administración pública.
El plan, tal y como recoge el diario El País, recoge también un aumento de la tasa de reposición —las plazas sustituidas por cada jubilación— más allá del 100% para los servicios básicos: sanidad, educación y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y del 50% en el resto de sectores públicos.
Las medidas han sido acordadas por el Gobierno (Ministerio de Hacienda) y los sindicatos (CSIF, UGT y CCOO). De todos modos, la convocatoria de la oferta de empleo pública para la mayoría de las plazas es competencia de las comunidades autónomas, que es quienes se encargan de la mayoría de los interinos de sectores tan amplios como la Educación y la Sanidad.
Por último, el plan del Gobierno, totalmente rechazado por los sindicatos, atisba una subida del salario de los funcionarios del 1%. Se trata de un planteamiento inaceptable para los sindicatos porque esa cifra implicará seguir acumulando pérdida de poder adquisitivo, teniendo en cuenta que la inflación terminó en el 3% en el año 2016.
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