“Después de la pandemia sufrida, hemos aprendido y no nos resignamos a las cifras pre-pandemia. Desde este Ministerio, vamos a seguir trabajando para minimizar los riesgos y homogenizar la protección de la salud”, ha insistido García en declaraciones a los medios, una vez acabada la reunión. García ha defendido que es una norma “efectiva, de sentido común, avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población”.
Si bien el pasado viernes Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia anunciaron la implantación del uso obligatorio de las mascarillas en estos centros, otras CCAA han mostrado su oposición a esta medida, ya que prefieren no pasar de la recomendación. Por otro lado, Aragón, que anunció la obligatoriedad solo para el personal sanitario, ha ampliado su uso también a los pacientes en salas de espera.
En este sentido, Sanidad también ha planteado durante el encuentro de esta mañana la necesidad de dar “un soporte jurídico”, a través de una declaración de actuación coordinada, a todas aquellas comunidades “de diferentes colores políticos” que ya han introducido la mascarilla en sus sistemas sanitarios.
Entre las comunidades que se posicionan en contra, destacan Castilla y León. Su consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha destacado también que la convocatoria de esta reunión “llega tarde”. No obstante, ha defendido que la comunidad cuenta desde hace años con planes de contingencia invernal para hacer frente al incremento de casos de patologías respiratorias.
Por su parte, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha asegurado que las mascarillas seguirán siendo obligatorias para “proteger a las personas vulnerables” hasta el momento en el que la incidencia permita una desescalada. Sin embargo, coincide con su homólogo de Castilla y León en sus críticas a la reunión de este lunes. Para el consejero, ha sido un CISNS “verdaderamente decepcionante, improcedente e innecesario”, porque se ha creado en la población una sensación de alerta que “no se correspondía con la realidad”. Según Bancalero, ha generado “incomodidad” y “rechazo” entre todas comunidades autónomas, “de todos los colores”.
Propuestas “a través de canales no oficiales”
La Comunidad de Madrid mantendrá la recomendación de usar mascarilla en los supuestos contemplados desde que finalizara la pandemia en julio de 2023, es decir, ante síntomas y para personas especialmente vulnerables, y ha censurado que el Ministerio de Sanidad haya adelantado las propuestas y medidas que ha llevado a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) “a través de canales no oficiales”. En declaraciones a los medios tras el encuentro, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha recalcado que “todos los consejeros de Sanidad, excepto Cataluña”, han coincidido en recomendar el uso de mascarillas “de forma responsable” en los supuestos que ya están indicados desde que finalizara en la pandemia en julio de 2023.
De igual forma, País Vasco también ha criticado la falta de criterios técnicos de la reunión. Concretamente, ha lamentado que Sanidad “no ha aportado datos sobre incidencia de enfermedades respiratorias ni evidencias científicas sobre la eficacia de las medidas que ha propuesto”, entre las que incluía la “universalización” del uso de mascarillas en centros de salud. Además, ha reclamado que cualquier propuesta que se presente “debería respetar las competencias de País Vasco en materia de Salud” y estar “avalada” por la Ponencia de Alertas y la Comisión de Salud Pública.
En un comunicado, el Ejecutivo vasco ha señalado tras la reunión del Consejo Interterritorial que País Vasco “no comparte, como gran parte del resto de las Comunidades Autónomas, ni la forma, ni parte del contenido, de la convocatoria que el Ministerio de Sanidad ha realizado del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”.
