La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una comparecencia en Moncloa.
«Todas estas comunidades están en condiciones de sacar las convocatorias de ayudas», ha señalado la ministra en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, donde ha defendido el calendario seguido por su Departamento en cuanto a este decreto ante las acusaciones del senador popular Carlos Javier Floriano sobre los incumplimientos en los tiempos.
Ante esto, la ministra ha defendido que los borradores de los convenios se remitieron antes del día 13 de abril a las comunidades para que pudieran hacer sus apreciaciones, enviando el documento final el día 15.
La ministra ha recordado, además que el decreto ley se tramita como proyecto de ley, reconociendo que desde el Ministerio de Hacienda se llegó a plantear si se debía esperar al tramitar el mismo ya que podían variar algunas de las cuestiones recogidas.
Finalmente, el Ministerio de Hacienda se decantó por remitir hace más de una semana a las comunidades autónomas los convenios que regulan la colaboración para poner en marcha los 7.000 millones de ayudas directas que el Ejecutivo aprobó para los autónomos y las empresas afectadas por la pandemia del coronavirus, y les pidió que tramitaran la firma de dichos convenios con carácter de urgencia, aunque no se ha establecido una fecha límite para su rúbrica.
El Gobierno los transferirá a las comunidades en un plazo de diez días a partir de la firma de los convenios entre ambas partes, siendo las autonomías las que gestionarán este plan.
En el caso de estas seis comunidades que serán las primeras en recibir los recursos para ayudar a las empresas de sus territorios, a Madrid le corresponden 679,2 millones; a la Comunidad Valenciana, 647 millones; a Asturias, 107,7 millones; a Extremadura, 106,4 millones; a Castilla La Mancha, 206,3 millones, a Castilla y León, 232,5 millones y a Galicia 234,47 millones.
Además, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley para que cada territorio pueda incrementar el listado de sectores elegibles para las ayudas en función de las particularidades que la crisis económica haya tenido en cada región.
En concreto, el Consejo de Ministros aprobó la modificación del Real Decreto-Ley para que las comunidades autónomas tengan un margen de flexibilidad adicional a la hora de ampliar a qué sectores y empresas conceder los fondos, incluyéndose la posibilidad de dar ayudas a empresas viables pero con pérdidas en 2019 por circunstancias extraordinarias, hasta ahora excluidas de las mismas.
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