En los años 2015 y 2016, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) multó a 21 fabricantes de automóviles, 130 concesionarios y dos consultoras, por prácticas restrictivas de la competencia consistentes en la fijación de descuentos máximos y condiciones comerciales en el mercado de distribución minorista de turismos. De acuerdo con la OCU, que ha iniciado una acción colectiva de resarcimiento, el cártel afectó al 90% del mercado de distribución y comercialización de vehículos en España.
Todas las multas impuestas por la CNMC a los integrantes de este cártel han sido ratificadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Y de todos los recursos presentados contra los 18 fallos de la Audiencia Nacional en 2019 solo fue admitido el de Mazda, que se libró de una multa de 650.000 euros por no haber participado en el pacto. El Grupo Volkswagen -Seat, Audi y Porsche-, también quedó eximido de las sanciones (cerca de 39 millones de euros en su caso) por colaborar con Competencia.
Tras quedar eximidos de responsabilidad estos dos fabricantes, el importe total de las multas queda fijado en torno los 130 millones de euros. Las marcas que han sido definitivamente sancionadas son BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Mercedes Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Skoda, Toyota y Volvo.
La resolución del Supremo sobre los fallos de la Audiencia deja a los fabricantes de coches sin posibilidad de presentar nuevos recursos. Esto, unido a la sentencia emitida por el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz que condena a un concesionario de Audi y Volkswagen a pagar 2.000 euros más los intereses a un demandante, abre un nuevo escenario para 10 millones de afectados por la compra de un vehículo entre febrero de 2006 y julio de 2013.
Sin embargo, el Supremo no se ha pronunciado sobre si las víctimas de este cártel tienen derecho a una indemnización, recuerda la plataforma Compensación del Coche, que también prepara un procedimiento judicial. Por lo tanto, “quien haya comprado un coche en ese período tiene que demostrar ante un juez que pagó un sobreprecio por el vehículo como consecuencia directa de ese cártel”.
Los perjudicados podrían reclamar por vía judicial a los fabricantes el importe pagado de más por la compra de su vehículo, que oscilaría entre 2.000 y 9.000 euros. Según señala la OCU a partir de los análisis preliminares, el importe de la reclamación oscilará entre el 10% y el 15% del precio de compra del automóvil cartelizado, cifra que deberá adecuarse en cada caso en función de la fecha de compra, así como de la marca y modelo de cada automóvil.
