Así lo han anunciado Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, que señalan que, además de Mur y Martínez Peromingo, está imputado el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca Ostalaza. “Las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado por la Consejería de Sanidad, ya que dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos, y sólo acudían a los centros si tenían una autorización expresa de derivación del geriatra de enlace”, aseguran estas asociaciones en una nota.
Junto a él hay una cuarta imputada, que es la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa. Todos ellos acudirán a sede judicial el 17 de junio.
Tal y como exponen Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, el procedimiento que se sigue en el Juzgado 6 de Leganés no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por dos familiares de residentes.
Reyero, Abarca y Burgueño
En el marco de dicho procedimiento, está prevista la declaración de varios testigos el próximo martes 3 de junio, a partir de las 10 horas. Entre ellos destaca Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales cuando llegó la pandemia y quien desde el primer momento denunció la discriminación que estaban sufriendo las personas mayores que vivían en residencias.
El mismo día testificarán otras cuatro personas: Juan Abarca, presidente de HM Hospitales; Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como “asesor principal” de Ayuso para la lucha contra la pandemia, y las dos querellantes.
Desde Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia consideran “especialmente relevantes” estas declaraciones. Según explican, en el caso de Reyero porque “podrá explicar de primera mano cómo fueron desatendidas todas sus peticiones para ayudar a los residentes enfermos”. Respecto a Abarca, “podrá aportar datos clave para demostrar que la Consejería de Sanidad sólo envió a los hospitales privados a los residentes que tenían seguro médico privado”. Por su parte, Burgueño, aseguran, “elaboró un Plan de lucha contra la covid que contemplaba la medicalización de las residencias y que no fue puesto en práctica”.
Esta noticia se produce apenas unos días después de que el pasado lunes dos ex altos cargos y un asesor de Ayuso fueran citados a declarar como imputados en el Juzgado 3 de Madrid. Una declaración que fue suspendida ya que los investigados alegaron que no se les había dado traslado de las actuaciones y no podían defenderse.
