En una entrevista concedida esta mañana a Onda Cero, la titular de Sanidad ha abogado por establecer “marcos de actuaciones comunes” y ha recordado que el documento de actuaciones coordinadas “tiene una razón de ser”. “Vamos a seguir marcándonos el objetivo de la incidencia acumulada (IA) por debajo de 50, que la final marcan la IA de todo el país”, ha pedido a las comunidades autónomas.
Frente a las amenazas del Gobierno de la Comunidad de Madrid de no cumplir el nuevo texto, Darias ha recordado que es “de obligado cumplimiento”, aunque ha descartado por ahora acudir a los tribunales. “La judicialización no es una medida que haya plantearse en este momento”, ha defendido.
Asimismo, ha recordado que el documento del ‘semáforo’ establece que las medidas “han de contextualizarse a cada comunidad autónoma”. “Por ejemplo, aunque Madrid está ahora mismo en el Nivel 3 [de alerta], está en una tendencia hacia a Nivel 2, por tanto podría entenderse que las medidas de ese nivel para el interior, es decir un tercio del aforo”. Se abre la puerta de este modo a que no haya que cerrar el interior de los locales, aunque también el documento también es más restrictivo que la actual normativa autonómica, que establece un 50% del aforo.
La ministra ha lamentado además que “sistemáticamente” el gobierno regional madrileño se opone a las medidas propuestas, y ha recordado que en la reunión de ayer “no plantearon ninguna medida de flexibilización”. “Nadie dijo ampliar las medidas de aforo en hostelería e interior”, ha incidido.
Críticas de Madrid, País Vasco y Andalucía
Las declaraciones de la ministra Darias se producen tras la airada respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado a las nuevas restricciones. A juicio de la política madrileña, las medidas acordadas ayer son “una imposición política y no sanitaria” que ha llegado a calificar de “arbitraria”.
“Todo lo que hace este Gobierno siempre es por imposición o con mentiras”, ha continuado Ayuso, que cree que “para que la norma sea obligatoria debería haberse aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial y ni estamos en estado de alarma ni ha habido unanimidad”.
Pero no solo Ayuso se ha mostrado muy crítica. El lehedakari vasco, Íñigo Urkullu, ha denunciado que el nuevo marco común supone una “invasión de competencias” que avidencia “el desconcierto absoluto” por parte del Gobierno. Por ello, ha asegurado que País Vasco “seguirá su propia hoja de ruta” en la desescalada.
En una línea similar se ha expresado también el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, que ha denunciado una “invasión de competencias brutal” con las nuevas restricciones y ha avisado de que su Ejecutivo “no las acatará”.
“Si la ministra quiere otras fórmulas a la hora de tomar decisiones que lo haga desde la capacidad jurídica que tiene”. “No puede pretender imponernos ahora que no estamos bajo el estado de alarma decisiones que no le corresponden y si cree que le corresponde, que lo haga con la ley”, ha enfatizado.
