Todo apuntaba a una jornada de infarto en el Senado -el Congreso está de obras- por la convalidación de los primeros decretos del Gobierno. Y así ha sido. Tras nueve horas de debate llegaba el momento de la verdad: había que pulsar el botón del ‘sí’, ‘no’ o ‘abstención’. Lo primero, el decreto ‘ómnibus’, que ha contado con el respaldo de los grupos. Aunque por la mínima. Ha cosechado 172 apoyos frente a 171 en contra. Junts no ha votado, algo que ha repetido en la siguiente votación.
Después de esto, ha llegado el turno del decreto que contempla la reforma del subsidio de desempleo. El rechazo anunciado públicamente por Podemos horas antes no daba lugar a la sorpresa. Iba a decaer y así ha pasado ante la oposición también del PP y de Vox. En este caso, por 167 ‘síes’ frente a 176 ‘noes’.
No obstante, ha sido con el decreto sobre las medidas anticrisis cuando se ha producido el momento más inesperado del día. Se ha producido un empate a 171 votos. A la negativa del partido de Puigdemont de participar en las votaciones, se ha unido una ausencia. Alguien que había votado en los anteriores textos del Gobierno no lo ha hecho en el de Trabajo. Esto ha provocado la necesidad de una segunda votación, que el PP ha pedido que sea por llamamiento.
En ella sí que ha salido adelante el decreto: 172 ‘sies’, 171 ‘noes’ y 7 abstenciones. Estas últimas han sido las de las diputadas y diputados de Junts, que sí que han participado en este caso tras el pacto suscrito con el PSOE. Asimismo, se ha aprobado su tramitación como proyecto de ley.
Acuerdo entre PSOE y Junts con nuevas cesiones
Junts ha explicado que no ha bloqueado los decretos en base a un acuerdo con el Partido Socialista, que contempla, por ejemplo, pactar la “delegación integral” de las competencias de inmigración en la Generalitat y la publicación de las balanzas fiscales. Además, la supresión del artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que “ponía en peligro” la amnistía y que el aceite pase a ser alimento esencial con un IVA del 0%.
El citado pacto, explica en una nota, supone “mejorar el autogobierno y las condiciones de vida de los catalanes” e incluye, asimismo, la “reforma de la ley de sociedades de capital mediante Consejo de Ministros para revertir el real decreto del PP en 2017 y que las empresas puedan volver a Cataluña”.
También se multiplica por cinco el dinero previsto para la digitalización de la administración de justicia, pasando de los 1,2 millones de euros a 6,2 millones, que el Estado asuma “la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público” y se reconocen los “derechos históricos” de Cataluña en materia de régimen local.
