La asociación feminista denuncia el trato discriminatorio “sin justificación ni proporcionalidad” que recibieron las convocaciones de manifestaciones que realizaron, frente a otras convocadas en “iguales o peores condiciones sanitarias” que se han resuelto a favor del derecho de reunión. Critican que esto supone “una grave vulneración del derecho de igualdad”.
El Tribunal Superior de Justica (TSJ) prohibió las concentraciones propuestas para los pasados 7 y 8 de marzo. La organización feminista mantiene que las medidas adoptadas para la preparación de los actos “eran más que suficientes y no suponían riesgo alguno para la salud”.
“Las mujeres siempre hemos estado cuestionadas, tanto de forma individual como en colectivo. Lo que no podemos, ni vamos a asumir, es que nos recorten nuestros derechos fundamentales por el hecho de ser mujeres”, declara el Movimiento Feminista de Madrid.
El recurso presentado se basa en la desigualdad de criterio, ya que en el resto de los territorios del Estado se celebraron manifestaciones y concentraciones sin ningún tipo de incidente. Según la Comisión esto demuestra que las medidas tomadas por el movimiento feminista eran más que suficientes y que el riesgo no era motivo de prohibición.
Según datos proporcionados por la Comisión 8M, en la Comunidad de Madrid se autorizaron más de 300 manifestaciones y concentraciones en los dos meses anteriores al 8M, siendo la situación sanitaria más grave y, posteriormente, se han permitido 289 concentraciones y convocatorias mucho más multitudinarias, algunas de ellas incluso con más de 1.000 asistentes, critican las feministas.
Desde las redes sociales del movimiento se anunciaban medidas como el uso de mascarillas, la obligatoriedad de mantener la distancia social en las movilizaciones o el fomento de concentraciones descentralizadas y estáticas para evitar así el uso del transporte público. “No cuestionamos la gravedad de la situación sanitaria”, afirman desde la coordinación, pero denuncian un trato desfavorable y desigual ya que “algunas de las convocatorias prohibidas eran de apenas 50 personas”.
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