El grupo ‘Caso Castor’, compuesto por ODG, Xnet e Instituto para los Derecho Humanos, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el archivo de la querella que interpuesta contra el presidente de ACS, Florentino Pérez, y cinco exministros de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy: Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria, Magdalena Álvarez y Elena Espinosa.
En su recurso, anunciado hoy, los querellantes valoran que “en este caso está en juego la credibilidad del conjunto del sistema político y económico, y también del judicial si no investiga”.
Asimismo, destacan “la especial trascendencia constitucional desde la óptica de encontrarnos ante una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica”. “El caso del proyecto Castor que se describe en el escrito de querella y que damos por reproducido a efectos de economía procesal nos describe una situación grave que ha dado como resultado una deuda de 1.350.730.000 euros más intereses para la ciudadanía y una empresa beneficiada con sumas importantísimas sin concurrencia pública que además ha desarrollado la obra con importantes sobrecostes”.
“En ámbitos como la corrupción, el concepto de tutela judicial debe ser especialmente amplio dada la complejidad de las investigaciones”, ha señalado el grupo ciudadano Caso Castor en un comunicado. “Un agujero como el que ha dejado el Castor es un indicio suficiente de que ha habido un problema, como mínimo, de mala praxis de la administración y que esto debe ser investigado. En ningún caso se puede considerar una simple fatalidad”.
No obstante, y “vistos los precedentes”, los querellantes consideran recurso “un mero trámite”. “Seguiremos persiguiendo nuestro objetivo de que se esclarezcan los hechos, se diriman responsabilidades y se acabe con la impunidad hasta las más altas instancias, pero en paralelo, estamos preparando otras acciones que comunicaremos una vez el Tribunal Constitucional haya resuelto.
El pasado mes de septiembre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimó el recurso de apelación contra la decisión de la juez Carmen Lamela que había desestimado y archivado una demanda que exigía responsabilidad penal por la indemnización fijada por el cese de actividad del almacén de gas Castor.
El fallo de la Audiencia consideraba que los hechos que acaecieron no eran constitutivos de infracción penal y concluía que “no revisten apariencia delictiva, resultando inviable una instrucción prospectiva, máxime cuando entre las diligencias propuestas no se desprende la revisión de las auditorías que sustentaron la indemnización”.
