“Un Gobierno, dos partidos”. Así arranca el pacto suscrito entre PP y Vox en Extremadura “para constituir un Gobierno de coalición único, con pleno respeto a la jerarquía y competencias de sus miembros”. En él se comprometen a “elaborar y aprobar unos presupuestos anuales”.
En el acuerdo, que consta de 11 puntos, garantizan “blindar” la continuidad de Almaraz y eliminación de la ecotasa energética. “Tras constatar con las empresas eléctricas propietarias de Almaraz su disposición a seguir contribuyendo al sostenimiento de Extremadura y de sus servicios públicos básicos, se reformará la ecotasa autonómica que grava la producción de energía en la central nuclear de Almaraz, reduciendo su carga el 30% anual hasta llegar a su eliminación completa antes del final de la legislatura”, afirma.
De dicha recaudación, “el 50% se destinará cada anualidad a un fondo específico para el desarrollo socioeconómico, la mejora de infraestructuras, la generación de empleo y la promoción de vivienda en el entorno de la central y su área de influencia”.
Rechazo al Pacto Verde y al acuerdo UE-Mercosur
Además de las cuestiones en materia de energía, PP y Vox anuncian el “blindaje del sector primario frente a la agenda 2030”. Para ello avanzan que no aprobarán “ninguna medida que perjudique objetivamente al sector primario y lo protegerá activamente -económica, política y jurídicamente- de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde”. Asimismo, dejan claro su rechazo “explícito” al acuerdo UE-Mercosur, “en tanto en cuanto no garantice la igualdad de condiciones frente a los productores extremeños”.
Sanidad
Respecto a la Sanidad, el pacto contempla una dotación presupuestaria adicional de 500 millones anuales en los presupuestos de 2026 y “consolidado en los siguientes”. A esto se unen “campañas quirúrgicas extraordinarias, ampliación de horarios, derivaciones coordinadas y colaboración público-privada”, además de un plan cuatrienal de contratación de 1.500 profesionales adicionales a los existentes.
Inmigración
“No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)”. Según el pacto para investir a María Guardiola, “La Junta de Extremadura rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”.
En este sentido, avanza que “no participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Extremadura”.
Asimismo, “no se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes” y se prohibirá el uso del burka y nicab y “de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos.
Rebajas de impuestos
En materia fiscal, PP y Vox han acordado que en cada año de la legislatura se aplicará una bajada progresiva del IRPF del 0,25% en los dos primeros tramos de la vigente tarifa autonómica para “acumular una reducción total de 1 punto porcentual en ambos tramos al final de la misma”.
También se ampliará la bonificación del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones. En concreto, “se mejorará el tratamiento fiscal del Grupo III de Parentesco cuando concurra especial vinculación con el causante, con la posibilidad de extender la reducción de 500.000 euros en la base imponible a favor de sobrinos que acrediten afinidad y siempre que el causante no tenga descendientes directos”
Junto a esto, se anuncia una disminución del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y una reducción general de tasas autonómicas.
“Prioridad nacional” en vivienda y ayudas
Los dos partidos se comprometen a construir “al menos” 3.500 nuevas viviendas protegidas a lo largo de la legislatura mediante fórmulas de colaboración público-privada. También se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social “inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.
Este sistema incluirá un “arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Extremadura (mínimo de 10 años para compra y 5 años para alquiler)” y el “refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio”.
El principio de “prioridad nacional” marcará también el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, para procurar “la asignación prioritaria de los recursos
públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.
Auditorías, reducción de subvenciones a sindicatos…
El acuerdo, entre otras cuestiones, recoge además “revisar de manera continua y exhaustiva el destino de los recursos públicos, mediante la realización de auditorías periódicas, con el objetivo de identificar y eliminar cualquier gasto que resulte improductivo, innecesario o carente de justificación”.
La reducción de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública aparece asimismo en este pacto. Según recoge, se recortarán un 50% aquellas “que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva, garantizando que los recursos públicos se asignen exclusivamente al servicio de las necesidades de los extremeños”.
