En el curso lectivo 2021-2022 más del 23% del alumnado total matriculado en enseñanzas no universitarias hizo la comida principal del día en el comedor escolar. Los mayores datos de participación se dan en la enseñanza privada y en la educación infantil y especial, continúa dicho informe, que destaca la ausencia de centros de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional con este servicio. Del total de centros públicos que imparten la etapa de ESO únicamente 387, el 9%, disponen de comedor.
Más allá de esto, cada vez son más los alumnos y alumnas que recurren a él. El número ha venido aumentando año a año “debido a los cambios estructurales de la sociedad española en las últimas cuatro décadas”. “En concreto”, afirma el sindicato, “por la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral”.
“Esta tendencia al alza, sin embargo, se interrumpió con la crisis sanitaria de 2020, observándose un ligero descenso en los cursos 2020/21 y 2021/22, aunque el avance de datos del curso 2022/23 ya denota la recuperación en las cifras de actividad anteriores a la pandemia”. Y esto, continúa, “a pesar incluso del impacto negativo del incremento de los precios de este servicio en tiempos de crisis económica, que ha provocado una importante reducción de la calidad del servicio”.
De la gestión 100% directa del País Vasco a la 100% indirecta de Castilla y León y Madrid
Tras recordar que el modelo de gestión dentro de cada centro educativo depende de la legislación autonómica de cada una de ellas, el estudio de CCOO muestra qué tipo de gestión hay en cada comunidad. Y hay claras diferencias. Por un lado, en algunas es 100% directa como en el caso del País Vasco, “aunque la prestación se hace a través de empresas/cooperativas (Corporación Mondragón)”. Esto también ocurre en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Por otro, en comunidades como Castilla y León o la Comunidad de Madrid, la gestión del servicio de comedor escolar es 100% indirecta.
En otras es parcialmente gestionada de forma directa por los centros, como en Galicia (70%).
El sindicato destaca que la mayor parte de los comedores escolares son ya de gestión indirecta, el 81%, solo un tercio dispone de cocinas propias (36% de las nueve CCAA que proporcionan datos) y sólo el 32% de los centros que disponen de cocina hacen uso de la misma. “Pero la extensión de este modelo de línea fría no es casual, sino que ha ido acompañado de un proceso de privatización y concentración del sector de la restauración colectiva en cada vez menos empresas”. El 58% del mercado de los comedores escolares está en manos de solo cuatro empresas (SERUNION, Compass Group, Aramark y Ausolan), “que se reparten anualmente una facturación de unos 630 millones de euros”. “Incluso, en el caso de la Rioja el 100% de los comedores escolares externalizados los gestiona SERUNION”, detalla el informe.
“Proceso de oligopolización del sector”
Para Comisiones “este proceso de oligopolización del sector, en muchas ocasiones mediante la expansión de estas grandes empresas a través de la compra de pequeñas asentadas a nivel local, ha derivado a veces en una pérdida de la calidad alimentaria en los menús escolares, dado que en los procesos de licitación normalmente ha primado el precio sobre la calidad del producto, además de la capacidad logística y de compra de las materias primas”.
“Anteriormente”, recuerda, “la mayoría de los comedores escolares estaban gestionados directamente por los propios centros educativos, con personal propio o externalizado a pequeñas empresas del entorno más cercano, al igual que los proveedores de las mismas”. Esto garantizaba, sostiene el sindicato, “el consumo de productos frescos de proximidad y una mejor calidad en la alimentación de los escolares, además de actuar como dinamizador socioeconómico a nivel local, sobre todo, en el ámbito rural”. Sin embargo, ahora “la oferta económica es la que determina que una empresa sea adjudicataria del servicio”.
Esto hace que sean las grandes empresas de la restauración de colectividades “las que se hayan hecho con el mercado, por su capacidad para negociar mayores márgenes con los proveedores y poder elaborar menús a gran escala, lo que les permite, a su vez, competir con precios más bajos”. Según el informe de CCOO, “a veces los propios pliegos son un traje a la medida de las grandes empresas del sector, al exigir un determinado tamaño en su capacidad de producción, o en el número de años de experiencia, por ejemplo”.
Aumento en los precios de los menús
El servicio de comedor se financia por dos vías, explica el sindicato, “el precio que pagan las familias del alumnado usuario y la financiación aportada por las Administraciones Públicas, normalmente las comunidades, pero también en algún caso de los ayuntamientos”. Esta última se hace a través de becas o ayudas “que tienen como fin principal financiar totalmente o de manera parcial el coste del servicio para aquel alumnado cuyas familias no pueden asumirlo”.
En consecuencia, cada región fija el importe que pagan las familias por este servicio, con lo que el precio de este servicio “muestra una gran variabilidad a nivel territorial”. Así, para el curso escolar 2023/24, el rango oscila entre el precio mínimo de 3,60 euros diarios por menú de Ceuta y el máximo de 7 euros diarios en Islas Baleares.
En los dos últimos cursos las subidas han dejado el precio medio nacional del menú diario en 5 euros, un 8% más respecto al indicador anterior. Así, el desembolso medio mensual para las familias es de 110 euros en la enseñanza pública y asciende hasta los 150 en los centros privados-concertados, “donde no se establece un precio de referencia”, como sucede en los centros públicos.
Al 45% de los solicitantes se les denegó la ayuda o la beca
Respecto a las ayudas o becas, en el curso escolar 2022/23, al 45,6% de los solicitantes se les denegó al superar los ingresos máximos requeridos. “El umbral económico para pedir las becas comedor es tan bajo que en la mitad de los casos las familias que las solicitan se quedan sin ellas”, advierte CCOO. Tal y como expone, en muchas comunidades “el requisito queda por debajo del umbral de la pobreza, como en el caso de Madrid, por lo que llega a los hogares más vulnerables pero no a aquellos que están riesgo de serlo o tienen presupuestos muy ajustados”. Además, hay otras, como Galicia, en las que la ayuda o beca máxima no implica la gratuidad del servicio y las familias deben pagar un mínimo de 1 euro por día y menú.
