El PSOE y Unidas Podemos llegaron a la comisión sin haber pactado sus conclusiones. De hecho, el grupo confederal había presentado su propio texto acordado con ERC, Bildu, Junts y la CUP. Sin embargo, finalmente tanto Bildu como el socio morado del Gobierno han apoyado el documento de los socialistas, al que se han añadido dos párrafos a propuesta de Unidas Podemos.
Mejorar el control de los fondos reservados
En concreto, se ha agregado una recomendación para revisar los procedimientos vigentes para el uso y control de los fondos reservados, así como de los procesos concesión de condecoraciones en la Policía Nacional para dotarlos de una mayor “objetividad y transparencia”.
Además, se ha dejado constancia en las conclusiones aprobadas de que parte de la documentación que había solicitado la comisión para hacer sus pesquisas no ha llegado nunca y otra lo ha hecho a destiempo, es decir, tarde, recoge Europa Press.
Sin embargo, estos añadidos de última hora, no han sido suficientes para que el texto de los socialistas recibiera el respaldo de ERC, PNV y la CUP, que han optado por la abstención. Por su parte, PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra de las conclusiones que se elevarán al Pleno del Congreso para su ratificación.
“El desarrollo de la comisión de investigación nos permite concluir que la cúpula directiva del Partido Popular ordenó la utilización partidista, delictiva e ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en el poder del extesorero Luis Bárcenas”, concluye el texto aprobado.
Implicación “indiciaria” de Rajoy
El documento, recogido por Europa Press, no habla expresamente de responsabilidades políticas por esta operación, aunque la considera probada y, de hecho, plantea que se desarrolló en tres sedes: la central del PP en la madrileña calle Génova, el Ministerio del Interior, y la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía.
Resalta que se produjo “con el conocimiento” de Cospedal, que “informaba” a Rajoy; que fue el ministro Jorge Fernández Díaz quien “encargó al secretario de Estado de Seguridad, Fernando Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo” y que el “epicentro” del mismo estaba en la DAO que dirigía Eugenio Pino.
Con el fin de “obstruir” las investigaciones judiciales en marcha y evitar que las pruebas contra el PP llegaran a la Justicia y la Policía Judicial, señala el texto, en esta trama “de interés particular exclusivo del Partido Popular” se utilizaron “ilegalmente fondos reservados y efectivos policiales”.
La comisión mantiene que, según las declaraciones de diversos comparecientes, se puede concluir “la implicación de los responsables políticos máximos del Ministerio del Interior, (ministro, secretario de Estado de Seguridad y director general de la Policía), así como de la secretaria general del Partido Popular y de forma indiciaria del mismo Presidente del Gobierno”.
