Los incendios forestales se apagan en invierno. Esta frase tan manida como certera pasa a ser protagonista cada vez que un incendio forestal como el de Portugal, Ciudad Real o el de Moguer nos encoge el corazón. En ese momento, justo cuando no se puede parar a observar la vigencia de lo que pasó antes, o las siempre multicausas que coinciden en el inicio de un incendio, porque hay que centrar toda la atención en la extinción y en controlar el caos que supone su descontrol, justo ahí es cuando más duele saber que se podría haber evitado.
Parece rotunda esa afirmación, pero es muy real. A día de hoy las técnicas de detección, extinción; así como los conocimientos sobre gestión forestal o las técnicas de extinción están lo suficientemente avanzadas para producir las condiciones que reduzcan los incendios a la mínima expresión. Si aplicáramos los medios humanos y materiales que conocemos, tendríamos que “dejar correr” incendios para que cumpliesen su función natural.
Es comprensible que no estemos en ese panorama ideal, siempre hay prioridades incluso ante las catástrofes y gestionar no es fácil, pero la realidad es que estamos demasiado lejos de ese panorama ideal, muchísimo más de lo que deberíamos, a años luz del dinero invertido por Europa y por España para prevenir los incendios forestales. De haber hecho las cosas bien, ello nos hubiera permitido realizar una gestión con una perspectiva menos cortoplacista y sesgada, una ausencia de corrupción y mercadeo en el desgraciadamente conocido ya como “negocio del fuego”; un enfoque de gestión global.
Intentemos ampliar la perspectiva porque un incendio forestal no empieza en una primera llama que pasa a ser un conato, y luego a un incendio descontrolado, ahí empieza su extinción en cualquier parte del mundo.
En España los incendios forestales empiezan con una legislación deficitaria en la protección de espacios naturales protegidos y no protegidos, la investigación de delitos ambientales, las normativas marco respecto a los cuerpos de guardería forestal y de extinción, y un largo etc. Continúan con el abandono de la gestión del mundo rural y la falta de alternativas junto a una gestión forestal inexistente de forma muy generalizada; y con falta de planificación y rigor en los pocos lugares donde algo se produce (salvo algunas zonas excepcionales como siempre en el norte de la Península). No digamos ya el análisis y la necesaria adaptación de esa gestión al cambio climático que tenemos encima y que sin duda va a agravar tremendamente la situación en todos los países del sur de Europa.
Consecuencia de esa falta de gestión y planificación nos encontramos con el desvío presupuestario ya clásico enfocado a paliar el síntoma, y no a eliminar la causa de la enfermedad, que en este caso grandes montantes procedentes de Europa, por ejemplo han sido derivados a la extinción donde había más negocio parasitando y eliminados completamente de la prevención.
Aunque quizá, si desde esta perspectiva no se hubiera quedado nada por el camino y se hubiera reforzado realmente la extinción incluida en ella la detección precoz, no sería tan malo el remedio, pero tampoco ha sido así. La privatización progresiva y la precarización laboral se ha extendido en el sector de la extinción laboral como la pólvora, al igual que la corrupción en el “negocio del fuego” como podemos ver con el cartel valenciano, que tarde o temprano veremos destapado en otros lugares de la península.
A partir de ahí está el marco perfecto para que comience la primera llama, combustible generado por la falta de gestión y prevención, el calor de unos veranos cada vez más agravado por el cambio climático, el oxígeno que siempre está y la “mano del hombre” o de la mujer añado yo, que suele poner el punto de ignición de forma directa o indirecta, también incrementado por la presión demográfica, de nuevo la falta de prevención y el mal uso de espacios naturales.
Y ahora si empieza el conato que se convierte en incendio descontrolado y que puede pasar a ser un gran incendio forestal.
Ya he comentado la tremenda precarización que ha sufrido el sector a raíz fundamentalmente de la privatización y del negocio. Es conveniente recordar aquí que cuando se privatiza algo que no da beneficios tangibles como es el caso, las empresas privadas cuyo objeto legítimo es la obtención de los mismos, no tienen otro lugar de donde sacarlos que reducir costes, en reducción de personal, salarios, formación, seguridad, etc. Y eso sin contar con las mordidas, la contratación de medios inservibles, y el uso del voluntariado como elemento sustitutorio.
Además se generan infinidad de problemas de coordinación, encontrándonos por ejemplo en un incendio en la Comunidad de Madrid. En tierra personal funcionario de dos direcciones diferentes, personal laboral, personal privatizado de dos empresas diferentes, más otras tantas entre los medios aéreos, y todo esto coordinado con una plantilla bajo mínimos para la que no salen oposiciones desde hace 18 años.
En estas condiciones se extinguen los incendios, gracias a grandes profesionales para quienes luchar contra el fuego no es solo un trabajo y que se arriesgan cada vez más porque algunos que se consuelan expresando: “En Portugal es peor”… Y juegan con fuego.
Tras la extinción. Hay que someterlo todo a procesos de evaluación continua que brillan por su ausencia. Deberíamos medir y prevenir no solo las condiciones que tenemos, también las futuras: debemos adaptarnos al aumento exponencial de la desertificación, cambio climático, al uso de los incendios en los nuevos formatos terroristas, etc.
En definitiva, necesitamos con urgencia un cambio de modelo global con políticas públicas que afronten las dimensiones reales del problema y dejen de tratar los incendios forestales como una “preocupación de temporada”.
Elena Sevillano es diputada del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid. Portavoz de la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno
