PP Murcia considera que el dictamen de transfuguismo es «un panfleto partidista»

Pablo Casado, Teodoro García Egea y Fernando López Miras tras fracasar la moción en Murcia

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El secretario del PP de la Región de Murcia, José Miguel Luengo, ha asegurado, tras conocer el dictamen de la Comisión de expertos independientes designada por el Pacto Antitransfuguismo, que es un documento que «no tiene validez» porque «el ponente es imparcial», informaron fuentes del partido en un comunicado.

Luengo se ha referido al dictamen que califica de «tránsfugas» a los cuatro exdiputados de Ciudadanos que tumbaron la moción de censura en la Región –con tres votos en contra y una abstención–, así como al presidente, Fernando López Miras, al que considera «inductor y beneficiario» de la conducta de estos diputados.

Para el dirigente regional del PP, la resolución obedece a «una acción orquestada para intentar limpiar la imagen denostada del PSOE en la Región de Murcia al ser su vergüenza nacional, tras la chapuza de la moción de censura».

«Este dictamen tendría algún tipo de validez pública, si el Gobierno de Sánchez hubiera demostrado su neutralidad ante este tema aceptando la recusación del PP», ha subrayado Luengo, tras insistir en que «más que una resolución es un panfleto sectario y partidista firmado por un exdiputado de IU, exabogado de CCOO y exmarido de la ministra de Pedro Sánchez María Jesús Montero, en el que no hay ni un solo argumento jurídico y todo son valoraciones políticas».

Según ha explicado, «este informe no tiene ningún tipo de validez, ni jurídica, ni administrativa, ni disciplinaria, ni política, ya que se convirtió en papel mojado en el momento en el que el ponente del mismo no podía ser imparcial».

Asimismo, se ha preguntado «qué neutralidad puede tener una persona que ha desempeñado cargos políticos anteriores y que ha sido designado a dedo a sabiendas de cuál iba a ser la resolución final».

El secretario del PPRM ha querido dejar claro que «esta resolución no tiene ningún valor» porque, conforme establecen los pronunciamientos previos de la Comisión de Expertos, «no es una instancia judicial, ni administrativa, ni tampoco una comisión disciplinaria o ética de los partidos políticos firmantes del Pacto Antitrasfugismo, tal y como se refleja en el dictamen 9/2008»

Para Luengo, «este dictamen tendría algún tipo de validez pública, si el Gobierno de Sánchez hubiera demostrado su neutralidad ante este tema aceptando la recusación que el PP presentó por ser Ibáñez el firmante del dictamen».