«No son solo las [empresas] del sector energético, sino que también las del sector de la distribución las que deben pagar por esos beneficios que están teniendo de forma injustificada por esta crisis de inflación», aseguró Costa al plantear el alcance del proyecto de ley que tiene previsto presentar el Ejecutivo, en declaraciones recogidas por el diario ‘O Jornal Económico’.
El anuncio de Costa se enmarca en el debate que está teniendo estos días en el parlamento luso para aprobar los presupuestos generales para el año 2023.
En respuesta a esta propuesta, el presidente de la Asociación Portuguesa de Empresas de Distribución (APED), Gonçalo Lobo Xavier, ha subrayado, en declaraciones a la radio TSF, que las empresas del sector no están teniendo beneficios extraordinarios y que operan bajo márgenes muy limitados.
La medida anunciada por el Gobierno portugués se produjo el miércoles, coincidiendo con la publicación de las cuentas trimestrales de Jerónimo Martins, empresa dueña de Pingo Doce, una de las mayores cadenas de supermercados del país. La firma cerró los nueve primeros meses de 2022 con un beneficio neto de 419 millones de euros, un 29,3% más, mientras que la facturación creció un 21%, hasta 18.392 millones.
