Central Hidroeléctrica
Asimismo, el PSOE ha rechazado la puesta en marcha de una comisión de investigación en el Congreso para examinar la legalidad de las concesiones y comprobar si han existido irregularidades en su gestión. Así, su diputada Esther Padilla, ha animado a la diputada de la CUP Mireia Vehí, proponente de la iniciativa a discusión en el Pleno del Congreso, a llevar a los tribunales sus sospechas.
Vehí, por su parte, ha lamentado que el PSOE se negara a investigar en el Congreso las posibles «malas prácticas de las eléctricas» y ha defendido analizar si hay concesiones que superan los 75 años que la Ley de Patrimonio marca como límite máximo para estas explotaciones y, por tanto, se explotan de forma ilegal.
Su defensa de gestión pública de estas instalaciones ha sido respaldada por Unidas Podemos, que ha recordado que las grandes eléctricas gestionan el 96% de las presas, Esquerra Republicana, EH-Bildu, Junts, Compromís y el BNG.
Estas formaciones han defendido la reversión por cuestiones de carácter medioambiental, frente al interés económico de las empresas, pero también para propiciar precios de la electricidad menores, ya que pese a que el bombeo que permite la generación tiene un coste operativo de unos 3-4 euros/MWh, según cálculos de la CNMC, en el mercado mayorista alcanzan actualmente retribuciones que superan los 200 euros/MWh.
Padilla (PSOE), sin embargo, ha cuestionado la propuesta de la CUP de asegurar que las concesiones, a medida que caduquen, pasen a manos públicas, señalando que la ley ya recoge esa posibilidad, pero apostando a hacerlo en función de las «circunstancias» de cada central.
Una postura similar a la planteada por el diputado ‘popular’ José Alberto Herrero Bono señalando que la vía pública «no es la única solución porque las centrales necesitan inversiones e incluso hay centrales revertidas que los nuevos gestores no han sido capaces de poner en marcha», una situación también advertida por el PNV.
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