25-05-2021 El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, interviene en una rueda de prensa anterior a una Junta de Portavoces, a 25 de mayo de 2021, en el Congreso de los Diputados, Madrid, (España). POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press
«O se mantienen gratuitas, o se exime del pago a rentas bajas y medias, a transportistas y otros profesionales», ha subrayado en un comentario en Twitter tras conocer que la titular de Transportes, Raquel Sánchez, haya detallado que presentará «en unos meses» su propuesta para implementar peajes en las vías de alta capacidad de la red de carreteras del Estado a partir del año 2024.
Y es que Echenique ha llegado a calificar de «globo sonda» la posibilidad de pagar peajes en las autovías: «Nosotros no apoyaremos ninguna medida que haga pagar a la gente trabajadora».
En junio Unidas Podemos ya manifestó su oposición a los planes de implantar el sistema de pago por uso de las carreteras de red del estado, al entender que es un «impuesto a las clases medias».
El propio portavoz parlamentario ya expresó entonces que abogan por «la fiscalidad verde, pero siempre y cuando no penalice a la gente trabajadora y no tenga un carácter regresivo». «La propuesta de los peajes no cumple estos criterios», zanjó para insistir en que la única vía era la progresividad.
Posteriormente, el espacio confederal concreción sobre sus planes para que los peajes no repercutieran en la mayoría de la población. Como marco abogaba por centrar la propuesta en base a un sistema progresivo que sustente el pago del uso de estas infraestructuras.
Sobre todo aludía a grandes empresas con flotas de vehículos de gran tonelaje y, en el plano particular, a vehículos de gran cilindrada o contaminantes, siempre que el desplazamiento no sea por motivos laborales, relacionado con los estudios u otras actividades esenciales.
Mientras, Raquel Sánchez ha destacado que el sistema se implementará, si bien ha asegurado que será una tarificación «justa, rigurosa y sostenible».
El objetivo de esta medida, que ya han implantado 24 de los 27 países de la Unión Europea, según la ministra, es obtener recursos adicionales para mantener la conservación de las carreteras en buen estado de seguridad, una partida que ahora acumula un déficit de 9.000 millones de euros debido a la gratuidad actual de las autovías, cuyos recursos procedentes de los Presupuestos del Estado no son suficientes.
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