Para ello, demanda un plan de emergencia energético que incluya un “duro recorte” a los beneficios caídos del cielo de las compañías eléctricas, junto a una ayuda directa a las familias para pagar la factura de la luz y el gas, mediante un “cheque” de 300 euros al mes para 19 millones de familias, muy similar al que ya desarrolla Francia.
Según sus cálculos, esta medida costaría alrededor de 5.700 millones de euros y sería “perfectamente viable” para evitar la pérdida de poder adquisitivo y la reducción del consumo de los hogares.
A su vez, recoge Europa Press, ha reivindicado que esa propuesta de pacto se extienda a los derechos sociales con medidas “valientes”, cimentadas en los ingresos generados desde una reforma fiscal “ambiciosa”, y que despliegue, por ejemplo, una renta de 100 euros por crianza.
También ha reclamado aplicar ayudas pequeñas a las pequeñas y medianas explotaciones del sector primario para que puedan hacer frente al aumento de costes, en especial a las ganaderas que se ven particularmente afectadas dado que importaban piensos desde Ucrania. Y en consecuencia ha pedido declarar como estratégicos los proyectos locales de producción de piensos y «pisar el acelerador» de cara a terminar con la dependencia exterior.
Belarra ha trasladado estas iniciativas durante su intervención ante el Consejo Ciudadano estatal de Podemos, el máximo órgano de dirección del partido, donde ha expresado su preocupación por el “fuerte golpe” económico y emocional que este conflicto bélico supondrá para gran parte de la población.
No es momento “de parches”
La también ministra de Derechos Sociales ha proclamado que no es hora “de parches” ni de “pedirle a la gente que posponga sus urgencias”, sino de abordar los problemas del país y acelerar las profundas transformaciones que España lleva tiempo necesitando.
De esta forma, Belarra exhorta a aplicar un fuerte descenso adicional, al ya aplicado mediante decretos del año pasado, a las sobrretribuciones que perciben las eléctricas, dado que los efectos de esta crisis “no pueden recaer sobre las espaldas” de las clases populares.
“Las consecuencias se tienen que pagar con los beneficios de las empresas energéticas, que se han aprovechado, más que nunca de los altísimos precios del gas”, ha enfatizado para criticar el actual modelo de mercado que permite beneficios a estas compañías “excesivos e injustificables” por generaciones de energía, como la nuclear o la hidroeléctrica, que son bastantes más baratas.
De hecho, ha recriminado que esta situación “obscena” es como pagar “zumo de naranja a precio de champán francés” y explica que los españoles estén abonando una de las facturas de la luz más caras en décadas. Ante sus correligionarios, ha destacado que las empresas energéticas han cuadriplicado sus beneficios y que el Ejecutivo, que ya intentó una vez recortarlos, debe insistir de nuevo con medidas como desconectar el precio del gas el mercado marginalista, algo que la Unión Europea da ya “luz verde”.
“Esta vez no podemos fallar”, ha ahondado para recalcar que este plan de emergencia energético propone aplicar un recargo del 10% en el impuesto de Sociedades a las grandes empresas eléctricas, así como acelerar la transición hacia un modelo con mayor presencia de las energías renovables y abandono de combustibles fósiles, lo que reforzaría la soberanía energética de España.
Otro pivote que debe incluir ese nuevo escudo social, según ha relatado Belarra, medidas ambiciosas y valientes, que sería financiadas con una nueva reforma fiscal de “emergencia”, como ya ha planteado el espacio confederal. En este sentido, ha apostado por un modelo tributario de mayor progresividad, dado que hasta ahora las grandes empresas y fortunas no han hecho “ningún pequeño esfuerzo” durante la crisis del Covid-19, por lo que esta vez debe ser diferente.
Con ello, Belarra ha defendido que el Ejecutivo debe apoyar a las familias con una renta por crianza de 100 euros al mes y ampliar los permisos de maternidad y paternidad a seis meses.
También ha llamado a acabar con la “morosidad” de las grandes corporaciones hacia las pymes y, en consecuencia, demanda que las sociedades que incurran en esta práctica queden excluidas del reparto de los fondos europeos hasta que salden esas deudas.
Finalmente, ha exhortado a “estar a la altura” para dar asilo a las personas refugiadas que huyen de esta guerra, así como de otras personas que emigran por otros conflictos, para acogerles con “dignidad”, según la mencionada agencia.
