Así lo señaló en su perfil de Twitter subrayando la necesidad de que el PSOE “entienda que este es el principal gasto de la mayoría de familias”. A poco más d e 24 horas para que el Gobierno apruebe el nuevo decreto anticrisis en el Consejo de Ministros de este martes, los socios de coalición siguen debatiendo por las medidas a aprobar en el ámbito de vivienda. Tanto desde Podemos como desde la vicepresidencia segunda del Gobierno que ocupa Yolanda Díaz, el espacio a la izquierda del PSOE pelea por congelar los precios de los alquileres.
De hecho, aunque EH Bildu anunció en noviembre su voto positivo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2023 a cambio de la prórroga del límite del tope de incremento de los alquileres, situado en un 2%, Díaz fue más allá hace algunas semanas y pidió la congelación de todos los alquileres para incluir también a los nuevos contratos que se firmen.
“Cuando acaba la vigencia del contrato, la negociación está siendo imposible para muchas personas, pues en muchas ciudades las revalorizaciones que se están produciendo son del 30% o 40%”, criticó entonces, dado que el actual tope solo afecta a los contratos en vigor que se sometan a su revisión anual.
HIPOTECAS
En cambio, la propuesta de la formación morada de congelar las hipotecas a tipo variable complicaría el acuerdo que alcanzó la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, con el sector bancario, que fue recogido en un decreto respaldado por la amplia mayoría del Congreso.
Este paquete, al que han anunciado su adhesión voluntaria las principales entidades bancarias del país, recogía tres vías para instrumentar las nuevas medidas: un refuerzo del actual Código de Buenas Prácticas para vulnerables, un nuevo Código para familias consideradas de clase media y en riesgo de entrar en situación de vulnerabilidad y medidas de aplicación general para facilitar el cambio de hipoteca variable al tipo fijo.
El nuevo código para familias en riesgo de vulnerabilidad, con vigencia de 24 meses, se dirige a personas físicas con hipoteca sobre vivienda habitual cuyo precio de adquisición no exceda de 300.000 euros, constituidos hasta el 31 de diciembre de 2022.
Las medidas aplicables podrán consistir, entre otras, “en la extensión de plazos de amortización, en el establecimiento de cuotas fijas temporales o un régimen particular para el tipo de interés aplicable y en la presentación de ofertas de conversión de los préstamos a tipo fijo”.
En cuanto al Código de Buenas Prácticas para hipotecados sin recursos, se amplía su cobertura a hogares con renta inferior a 25.200 euros al año, es decir, tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que dediquen más del 50% de su renta mensual al pago de la hipoteca pero no cumplan el criterio actual del incremento de un 50% del esfuerzo hipotecario. En el caso de que alguno de los miembros del hogar tenga una discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o incapacidad permanente, el límite será de cuatro veces el Iprem, y de cinco veces este indicador cuando el deudor tenga parálisis cerebral, enfermedad mental, o discapacidad intelectual, con un grado igual o superior al 33%, o discapacidad física o sensorial de más de un 65%.
Durante la carencia del principal de cincos años, se reduce el tipo de interés aplicable hasta el euríbor -0,10% desde el euríbor +0,25% actual.
Sobre las medidas de aplicación general, se suspende durante un año el cobro de las compensaciones y comisiones para los préstamos a tipo variable por amortización anticipada o paso a tipo fijo. En el paso de tipo variable a tipo fijo, se reduce de 0,15% a 0,05% la compensación o comisión por reembolso o amortización anticipada en los primeros tres años de vida del préstamo, en aquellos casos en que se pasa de tipo variable a tipo fijo.
