La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en la sesión de control. (Foto: Congreso)
«Vamos a registrar una ley para perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables», ha lanzado en un acto de la campaña a las elecciones del 28M en Alicante para apoyar al candidato Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad Valenciana, Héctor Illueca.
Desde la formación han indicado que el texto plantea perseguir expresamente a las personas y empresas que, movidos por el ánimo de lucro, «hostiguen, acosen, discriminen o intimiden» a personas en situación de vulnerabilidad. Esta reforma legal crearía un nuevo tipo que permitiría la disolución de organizaciones como Desokupa e impondría penas de hasta cuatro años de prisión a sus miembros.
La iniciativa se registrará este jueves y demanda que se eleve el reproche penal para los que «hagan negocio contra personas en situación de vulnerabilidad», y que conjugue elementos del delito de coacciones y del delito de odio.
En concreto, se modificarían los artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal, para penar con multa de seis a doce meses y prisión de uno a cuatro años a actividades de estas compañías.
Además, se establecería la disolución de las personas jurídicas (empresas) responsables de dichos delitos y se bloquearía su acceso a internet.
Belarra ha advertido que, justo el día en que se ha aprobado en el Senado la Ley de Vivienda, la derecha «no va a parar de extender cortinas de humo» contra la normativa, que ha empujado su espacio político y que recoge regular los precios del alquiler y elevar el parque público de vivienda.
Y Belarra ha denunciado que en esta estrategia PP y Vox «no paran de hablar de okupación», cuando este fenómeno no es un problema en el país. «España tiene un problema de especulación y hay que decirlo claro», ha zanjado para apostillar que la derecha solo quiere, con este discurso, que se disparen las ventas de empresas de seguridad, que han subido un 85%.
Luego, ha aludido que se está creando un problema de seguridad ciudadana con empresas como Desokupa, o como se llamen en cada sitiio, y que son un «un problema democrático grave».
«Son el germen de un comando parapolicial y esta fuerza política no va a permitir, que haya gente que se lucre en este país extendiendo el odio al vulnerable, extendiendo la aporofobia», para avanzar el registro de una iniciativa específica contra estas empresas en el Congreso.
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