Pablo Iglesias, secretario general de Podemos
Tras el paréntesis navideño, Podemos ha intensificado su ofensiva para poner en la agenda política los derechos de los dependientes y sus cuidadores.
Pablo Iglesias daba el pistoletazo de salida el 18 de enero cuando -antes de reunirse con la Coordinadora Estatal de Plataformas de la Dependencia- afirmaba que la situación de la dependencia en España “es una auténtica vergüenza nacional” y afirmaba que la situación de las personas dependientes en el país es “una de las expresiones de que la salida de la crisis es un mito”, recordando recordado que “hay 90 compatriotas que mueren al día en la lista de espera por unas ayudas a la dependencia que tienen concedidas”.
Además, Podemos también ha puesto de manifiesto su mayor preocupación por las graves carencias del sistema de Dependencia en los presupuestos alternativos las cuentas generales del Estado de 2018 que ha hecho públicos esta semana y en los que hay importante incremento del gasto que proponen para financiar la ley de Dependencia respecto a 2017, ya que proponen destinar una partida de 2.500 millones de euros, mientras que el año pasado fijaban dicho gasto en 815 millones.
Según refleja el documento “Cuentas para un nuevo país” hecho público de Podemos con esa financiación se debe poner fin “al limbo de la dependencia: 320.000 personas tienen ayudas reconocidas por la Administración que no reciben”, asegurar “el nivel mínimo de protección establecido en la Ley a través de un fondo estatal que sería transferido a las Comunidades Autónomas y recuperar las cotizaciones de cuidadores familiares no profesionales.
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El grupo parlamentario no ha perdido el tiempo y dos días después de sacar a la luz sus propuestas, Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea registraba ayer una Proposición No de Ley sobre la reposición del derecho de las personas cuidadoras no profesionales del sistema de dependencia a las cotizaciones a la Seguridad Social vía Presupuestos del Estado.
Ana Marcello, Ana Terrón y Ángela Rodríguez, diputadas en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de Unidos Podemos, junto con Teresa Arévalo, portavoz adjunta en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, fueron las encargadas de presentar en el registro una iniciativa para exigir la recuperación de la Seguridad Social de las cuidadoras y cuidadores no profesionales, también llamados cuidador en el entorno familiar, vinculados al Sistema de Atención a la Dependencia.
Según explica Podemos “la iniciativa parlamentaria no sólo busca restablecer la cobertura obligatoria y la financiación íntegra con cargo a los presupuestos generales de la Administración del Estado de los convenios especiales con la Seguridad Social de estas personas, sino que va mucho más allá”.
Y es que otro de los objetivos principales de la proposición es el aumento de la cuantía de la prestación y el reconocimiento del derecho a prestaciones por desempleo para que las cuidadoras no queden desamparadas una vez finaliza su actividad, así como garantizarles el derecho a formación profesional para que así puedan reincorporarse al mercado laboral una vez que ya no ejerzan de cuidadoras no profesionales.
Igualmente, la proposición no de ley recoge la necesidad de que estas trabajadoras tengan derecho a una prestación por maternidad y paternidad y a una prestación por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural. Una iniciativa que Podemos planea llevar a debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso.
Paralelamente, el Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea de Extremadura ha informado hoy reclama que la dependencia se incluya en el sistema de financiación autonómica. Lo ha anunciado hoy la diputada del Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea de Extremadura Jara Romero, después de la reunión de la Junta de Portavoces que ha abordado el pleno monográfico sobre financiación autonómica que tendrá lugar este jueves, 1 de febrero, en la cámara legislativa regional, declaraciones recogidas por Europa Press.
La parlamentaria de Podemos considera que del debate de este jueves en el Parlamento extremeño deben salir “los mínimos” con los que la región debe ir a negociar el sistema de financiación autonómica y entre esos mínimos cree que se debe incluir la dependencia dentro del sistema de financiación autonómica, ya que la Junta, hasta el momento, financia el 80 %de los servicios cuando debería ser 50 %por parte del gobierno nacional y 50% autonómico.
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