Ignacio González y Esperanza Aguirre
Podemos en la Comunidad de Madrid ha registrado la petición de una serie de comparecencias en la Comisión de Investigación de la Corrupción de la Asamblea de Madrid. Todas ellas están relacionadas con la construcción del campo de golf en Chamberí y destacan la de los expresidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González y la del exfiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix.
Podemos explica que “Esperanza Aguirre fue presidenta de la Comunidad de Madrid cuyo gobierno declaró el campo de golf “de interés general” para saltarse el precinto municipal por carecer de licencia”.
En el caso de Ignacio González, que acaba de salir de prisión provisional por la operación Lezo, que le mantuvo en la cárcel desde el pasado 21 de abril, “era presidente del Canal de Isabel II” durante la emisión de la licencia para el citado campo de golf, según recuerda Podemos.
Por último, Manuel Moix, exjefe de Anticorrupción que se vio obligado a dimitir este año tras conocerse que mantenía una sociedad pantalla en Panamá junto a su familia, era entonces “fiscal jefe de Madrid, que se negó a investigar pese a las denuncias de los vecinos”, defiende la formación morada.
Además de esos tres nombres, el grupo parlamentario llama a la comisión en la Asamblea a Carmen Ochoa, secretaria de la asociación Parque sí en Chamberí, “asociación vecinal que se creó para pedir que en vez del campo de golf se construyera el parque para el que había licencia”; Laura Díaz, “abogada en el caso de Parque sí en Chamberí y actual vicepresidenta tercera de la Asamblea de Madrid”.
También a Pablo González y José Juan Caballero Escudier, hermano y cuñado de Ignacio González respectivamente.
Además, Podemos pide la comparecencia de Adrián Martín, ex-director del Canal de Isabel II, Álvaro Quiroga Gutiérrez, directivo de Dico y Soto Once; Ildefonso de Miguel, ex-director del Canal de Isabel II; Marisa Carrillo, ex-secretaria general técnica del Canal de Isabel II y José Antonio Clemente Martín, administrador único de Tecnoconcret.
“Antes de las elecciones de 2003, Ruiz-Gallardón y Álvarez del Manzano pusieron la primera piedra de un gran parque en Chamberí, al que llamaron el Retiro 2. “Pocos meses después y tras el tamayazo, Esperanza Aguirre cambió el proyecto por un campo de prácticas de golf para cuya construcción no tenía licencia municipal”, recuerda el diputado de Podemos Hugo Martínez Abarca.
Podemos quiere probar que fue para evitar la falta de licencia por lo que Aguirre declaró la obra “de interés general”, y que, aunque asociaciones vecinales lo recurrieron ante los tribunales y “fueron ganando sentencia tras sentencia, recurso tras recurso, hasta que el Tribunal Supremo sentenció la ilegalidad del campo de golf y su demolición para dar el uso para el que había licencia”.
Pero hasta ese momento se dieron muchas turbulencias: “En 2007 se conocieron las primeras noticias de irregularidades en las concesiones de las obras y actividades del campo de golf, de las que se beneficiarían empresas ligadas a la familia de Ignacio González”, recuerda Podemos.
“El tejido vecinal lo denunció y el fiscal Moix, al frente de la fiscalía de Madrid, archivó la denuncia sin realizar siquiera pesquisas que le habrían llevado apenas 10 minutos para comprobar que las acusaciones eran ciertas”, apunta Martínez Abarca.
“Finalmente al estallar el caso Lezo hemos sabido que estas ilegalidades estaban engrasadas por sobornos de los que se beneficiaba al menos Ignacio González y su clan familiar”, añade el diputado de Podemos.
A raíz de las investigaciones judiciales la formación calcula que “el importe total de comisiones ilícitas obtenidas a costa de fondos públicos de la Comunidad de Madrid invertidos en la ejecución de la obra de las instalaciones deportivas y del contrato de gestión y explotación de las mismas fue de 1.201.537 euros”.
“Este dinero presuntamente acabó en el bolsillo del ex-presidente madrileño Ignacio González, de su hermano, de su cuñado y de un socio de todos ellos. Así reza el último auto del juez Manuel García-Castellón”, explica Podemos, que prevé que todas estas personas comparezcan en la Asdamblea en el mes de febrero y durante dos o tres sesiones de la comisión.
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